En lo que va del sexenio de Felipe Calderón (hasta mayo de 2012) 970 defensores de derechos humanos y/o luchadores sociales han sido detenidos por motivos políticos, 64 han desaparecido y alrededor de 70 han sido ejecutados extrajudicialmente, de acuerdo con el Informe de violaciones a los derechos humanos en México 2011. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista, realizado por el Comité Cerezo.
El reporte de la organización dedicada a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, no refleja todos los casos sucedidos sino sólo los que pudieron documentar a través de publicaciones en medios de comunicación.
De enero de 2011 a mayo de 2012 han ocurrido 158 detenciones por motivos políticos, en quince estados del país: encabezan la lista Chiapas (37), Oaxaca (22) y Estado de México (21).
Además, el documento advierte que la libertad bajo caución es una forma del Estado de disminuir el costo político por encarcelar a los luchadores sociales, pero es una forma de controlar su trabajo, ya que están atados a firmar el tiempo que dure el juicio y 3 años después de éste, dependiendo de la condena.
Sólo un tercio de los detenidos fueron acusados por delitos del fuero federal y el resto del fuero común.
El Informe también da a conocer que de enero 2011 a mayo 2012 hubo 29 ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, que son justificadas y invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio. Sin embargo, estos crímenes son perpetrados por fuerzas estatales y motivadas por la defensa de los derechos humanos que realizaban las víctimas