• Las iniciativas aprobadas en abril de este año reflejan avances, sin embargo aún falta trabajo por hacer

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Lado B

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El derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propios medios de comunicación, en sus propios idiomas es un derecho fundamental en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresado en el artículo 16. Asimismo, señala que “los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena”.

Por ello, en abril de este año la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, con el afán de beneficiar a la radiodifusión indígena; sin embargo, la reforma en cuestión no abonó de manera contundente el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, según estipulan ordenamientos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales (artículo 3) y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados (artículo 33).

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, artículo 3º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena el tema de la comunicación ha sido abordado, debido a que a la fecha las iniciativas aprobadas por el Legislativo se encuentran por debajo de normas nacionales y recomendaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, también hay ciertos avances, como el reconocimiento legal de algunas radiodifusoras y televisoras indígenas.

Asimismo, señalan que es necesario que  sea la Asamblea de dicho pueblo o comunidad, el aval suficiente y necesario para solicitar el permiso y no una autoridad ajena a su realidad, debido a que la reforma señalada no logra resolver la necesaria reglamentación del precepto constitucional que obliga al estado a crear condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar medios de comunicación y no se abre el espectro para los pueblos indígenas y sí se legaliza la situación de oligopolio en que se encuentran Televisa y Radio Azteca actualmente.

Por su parte, el Mecanismo de Expertos, en su informe de 2012 sobre las lenguas de los pueblos indígenas y  culturas, resalta que los medios pueden ser una herramienta esencial para la revitalización de las lenguas indígenas, especialmente en la educación de los niños indígenas.

En la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo -9 de agosto de 2012-, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, han puesto en relieve el papel fundamental que los medios de comunicación pueden desempeñar en el respeto,  promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, destaca la importancia de los medios de comunicación para el mantenimiento de las lenguas indígenas, así como para el ejercicio y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Los medios de comunicación indígenas pueden reducir la marginación y la mala interpretación de las voces indígenas, que ha sido perjudicial para sus intentos de lograr un entendimiento y el respeto de sus derechos dentro de las sociedades amplias en las que viven.

Los pueblos indígenas están utilizando cada vez más los medios de comunicación y las redes sociales para dar a conocer y defender los derechos que están amenazados por una variedad de actividades, en especial, las relacionadas con industrias extractivas que tienen lugar en territorios de los pueblos indígenas o cerca a ellos. Acciones por parte de los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y otros activistas han ayudado a hacer un llamado de atención sobre los efectos devastadores que muchas de estas actividades han tenido o podrían tener sobre los pueblos indígenas.

El Mecanismo de Expertos y el Relator Especial señalaron que las industrias extractivas activas en los territorios de los pueblos indígenas o sus cercanías han creado algunos de los asuntos más apremiantes que enfrentan los pueblos indígenas a nivel mundial hoy en día.

El Presidente del Mecanismo de Expertos, el Jefe, Wilton Littlechild, señaló «la necesidad de que todas las partes, incluyendo las empresas, para garantizar que las actividades extractivas que pueden tener un impacto sobre los pueblos indígenas, sus comunidades, sus tierras, territorios y recursos,  no deben realizarse sin la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones asociadas.»

El Relator Especial también hizo hincapié en «la necesidad de un enfoque respecto a las industrias extractivas, que se tenga en cuenta ampliamente los derechos primarios de fondo que pueden ser afectados por los proyectos potenciales, incluidos los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, la salud, el bienestar físico y el derecho a establecer y llevar a cabo sus propias prioridades de desarrollo como parte de su derecho fundamental a la libre determinación.»

Por su parte, James Anaya enfatizó en que la consulta y autorización, junto con otros mecanismos de salvaguarda, incluyendo evaluaciones de impacto, medidas de mitigación y compensación o distribución de beneficios, son esenciales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, cuando las actividades extracción de recursos naturales puedan afectar estos derechos.

Con información de CENCOS.