• Se contradicen la unidad de transparencia de la Secretaría de Infraestructura y secretario del ramo, Antonio Gali Fayad

• El 20 por ciento de la obra pública contratada por el gobierno del estado presentan retrasos; la mitad debió ser entregada en 2011

El secretario Antonio Gali Fayad acompaña al gobernador Rafael Moreno Valle en una inauguración de obra carretera. Foto: EsImagen

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 25 de octubre de 2011 –hace 10 meses— la Secretaría de Finanzas anunciaba que la construcción del Centro Integral de Servicios y Atención Ciudadana de Puebla, en su segunda etapa, quedaría a cargo de la empresa de capital poblano Grupo Técnico Constructor. La obra, que debió arrancar a principios de noviembre de acuerdo con el calendario pactado, lleva hasta el momento un avance del 14.7 por ciento según reconoció la Secretaría de Infraestructura a una solicitud de información que presentó Lado B el pasado 22 de julio.

11 días después de la respuesta oficial, el secretario del ramo, Antonio Gali Fayad, presumiría ante el Colegio de Arquitectos que la obra presentaba una avance del 35 por ciento. En el evento el funcionario se dijo confiado de que el complejo esté terminado a finales de este año para que en enero de 2013 el gobernador del estado pueda presentar ahí su segundo informe de gobierno.

De ser así, la empresa que dirige Salvador Padilla González, tendrá que construir en los cinco meses restantes entre el 85.3 y 65 por ciento –según la cifra de referencia que se tome– de la obra faltante.

El caso del Centro Integral de Servicios, cuyo costo será cercano a los mil 300 millones de pesos, no es la única obra en proceso que presenta retrasos. La Modernización del Distribuidor Vial de la Autopista México-Puebla, con Carretera Santa Ana Chiautempan, obra a cargo de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados que tendría que haberse entregado en mayo pasado lleva hasta el momento un avance del 79 por ciento.

Entrevistado en marzo pasado, Gali reconoció que “hay un atraso por parte de la empresa (…) el contrato está con fecha 4 de mayo y a partir del 4 de mayo si no hay justificación, por parte de la secretaría no tendríamos que hacer ninguna ampliación a la fecha de terminación y empezarán a correr todo lo que son las sanciones para la empresa”.

Y las sanciones, según reportó el diario Milenio a principios de julio, fueron del orden de los 900 mil pesos, para una obra que costó al erario público 770 millones de pesos.

Acá la respuesta de la Secretaría de Infraestructura

Una obra tropezada

Fue semanas antes de que llegara a Casa Puebla la administración morenovallista cuando la bancada del PAN en el Congreso del estado impulsaba un paquete de reformas que permitirían la puesta en marcha de varios de los proyectos que traía entre manos el nuevo gobierno, entre ellos un conjunto de tres edificios construidos sobre un pequeño lago artificial, un estacionamiento subterráneo y plaza cívica todo en un terreno de 12 hectáreas que albergará una ciudad administrativa.

En ese paquete de reformas se incluía una modificación al marco normativo para permitir la aplicación de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una figura de inversión público-privada que se impulsó a principios de los 90 en Inglaterra y que empezó a aplicarse en México en el sexenio de Vicente Fox.

La iniciativa fue aprobada 11 días después de la toma de posesión de Moreno Valle –que se realizó en febrero de 2011– con la idea de lanzar la convocatoria a mediados de abril para que coincidiera con el informe que rendiría el gobernador por sus primeros 100 días de gobierno. Ahí fue cuando el asunto comenzó a complicarse. La fecha llegó sin que estuviera listo el reglamento de la ley, una de las condicionantes para poder lanzar la licitación sin que arrastrara problemas jurídicos.

A principios de mayo, en declaraciones vertidas al diario Milenio, Cabalán Macari, secretario de Administración y responsable de los PPS explicó que además del reglamento hicieron falta la requisición y el proyecto ejecutivo, y responsabilizó de ello a la Secretaría de Infraestructura.

En respuesta Gali Fayad sostuvo que el retraso se debía a que se esperaba tener un reglamento y una licitación jurídicamente “perfecta, que no violé ninguna de las normas como ha pasado en otros estados”.

Y ese perfeccionar el marco normativo se llevó más un de mes pues no fue hasta mediados de junio cuando la convocatoria para la licitación finalmente se hizo pública. La convocatoria se relanzaría un par de veces más retrasando en cada una de ellas la fecha del fallo.

Finalmente fue el 25 de octubre cuando se dio a conocer que sería la empresa Grupo Técnico Constructor SA de CV la responsable de la obra, y que la fecha de arranque de los trabajos quedaba pactada al 7 de noviembre, ocho meses después la obra sólo lleva, como lo reconoció la propia Secretaría de Infraestructura, un 14.7 por ciento de avance.

Infografía tomada del 1er informe de gobierno de Rafael Moreno Valle

Retrasos en el 20% de las obras

El retraso en la construcción del CIS no es el único que arrastra la empresa Grupo Técnico Constructor SA de CV, a su cargo también quedó el proyecto “Recuperación de la imagen urbana de Huauchinango”, obra presupuestada en 30 millones de pesos y que debió ser entregada el pasado 23 de marzo sin que esto se cumpliera.

De acuerdo con la página de transparencia de la secretaría de infraestructura en donde se puede observar el avance de las obras contratadas hasta el día de ayer la empresa de Salvador Padilla había completado el 80 por ciento del contrato.

No es, claro, el único caso, de hecho una de cada cinco obras contratadas por el gobierno morenovallista reporta retrasos, y más de la mitad debió ser entregada en 2011 sin que esto se hubiera cumplido.

Entre los retrasos sobre sale la modernización y ampliación de un camino de 8 kilómetros en el municipio de Zautla que debió ser entregado el 31 de diciembre pasado y hasta la fecha reporta un avance del 11.3 por ciento.

Llama la atención también lo sucedido con la construcción de la carretera de acceso al tecnológico de Zacapoaxtla, obra que fue contratada el 21 de octubre de 2009 y debió ser entregada el 18 de abril de 2010 y de acuerdo con el reporte oficial hasta el momento sólo a avanzado en un 70 por ciento.

En total el gobierno morenovallista reporta un total de 138 obras contratadas, 28 de las cuales han incumplido con la fecha de entrega pactada.