• Se presentó un punto de acuerdo para pedir estrategias de vigilancia para que se mantengan los precios de los uniformes y útiles escolares

• Los legisladores también aprobaron que el plazo para reclamar bienes incautados por el gobierno estatal se redujera de seis meses a 30 días

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Foto: EEF

Un día después que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) cesara al director de una telesecundaria por imponer costos para la adquisición del uniforme único, los diputados locales exhortaron al gobierno federal y estatal a vigilar que los precios de la vestimenta, así como útiles escolares sean accesibles.

En la localidad de San Lorenzo Chiautzingo, la dependencia inició una investigación contra el directivo luego de recibir una denuncia telefónica dónde se reveló que el docente exigía cuotas de mil 500 pesos para entregar documentación del alumnado, entre otras irregularidades.

Si bien aún no se comprueba la veracidad de la acusación o si incurrió en otras faltas, la SEP decidió cesar al docente en tanto se defina su situación laboral.

El tema llegó al Congreso local.

En sesión ordinaria de este jueves el diputado de Nueva Alianza Hugo Alejo Domínguez presentó un punto de acuerdo en el que pidió a la administración morenovallista y a la encabezada por Felipe Calderón que implementen estrategias de vigilancia para que los comercios y tiendas de autoservicio mantengan los precios de los uniformes y útiles escolares.

La petición obedeció a que en el mes de agosto iniciará el ciclo escolar 2012–2013 y los comercios podrían aumentar los costos afectando así a los padres de familia.

“Sabemos que es alto el número de familias con recursos muy escasos y que esta temporada les implica un gasto extraordinario, si a esto aunamos a que se cometan abusos (…)  obviamente lastimamos la economía de las familias”.

La propuesta fue avalada con 31 votos.

Disminuyen plazo para reclamo de bienes incautados

En los trabajos del Pleno del Congreso, los legisladores también aprobaron que el plazo para reclamar bienes incautados por el gobierno estatal se redujera de seis meses a 30 días.

Hasta antes de las modificaciones al Código de Defensa Social del estado, el artículo 56 Bis señalaba que los bienes incautados que no se reclamaran en un lapso de 90 días naturales a partir de la notificación al interesado “se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho de recibirlo. Si notificado, no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al mejoramiento de la procuración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados”.

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Además de lo anterior los diputados aprobaron la creación de un Consejo Técnico, el cual se encargará de que los recursos obtenidos de la venta de inmuebles sean utilizados de manera correcta.

La Contraloría del Estado, el procurador General de Justicia, el director Administrativo de la Procuraduría estatal y el titular de la Secretaría de Finanzas conformarán dicho Consejo.