Pendientes, exigencias y responsabilidades de las autoridades mexicanas y los cuatro candidatos presidenciales en materia de Derechos Humanos

Marcos Nucamendi /Amnistía Internacional Puebla

@_nucamendi / @amnistiapuebla

Amnistía Internacional (AI) ha tenido como política organizacional no intervenir en los procesos electorales. Sin embargo, viéndose rebasadas las autoridades mexicanas por la degradante situación de los derechos humanos en nuestro país, es necesario que una organización tan acreditada y respaldada, no deje de pronunciarse y presione a los candidatos.

Hace tan sólo 15 días, AI México hizo pública la “Carta abierta a la y los candidatos a la presidencia de la República”. En ella, Amnistía sostiene que en las plataformas y proyectos de Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri, no existen iniciativas concretas relacionadas con la protección y vigencia de los derechos humanos.

En vista del poco eco que ha tenido la carta en sus interlocutores, a pocos días de las elecciones federales y en claro posicionamiento frente a los hechos de las últimas dos semanas, AI México vuelve a dirigirse a las autoridades mexicanas y a los cuatro candidatos presidenciales, recordándoles una serie de pendientes, exigencias y responsabilidades:

• Les recordó que en el último mes y medio, han habido siete asesinatos y una desaparición de periodistas.
• Urgió al Ejecutivo Federal publicar la  Ley para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas finalmente aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.
• Solicitó a los candidatos presidenciales firmar una lista de compromisos de protección a los derechos humanos, tales como asegurar acceso a la verdad y justicia a las víctimas y reformar el sistema de justicia civil y militar para rendir cuentas en violaciones de DD.HH.
• Constató que en los asesinatos de los tres fotoperiodistas en Veracruz había informes de la organización Artículo 19 para solicitar protección y “el Estado no desplegó medidas para protegerlos”.
• Enumeró una serie de casos emblemáticos para ejemplificar la inacción o deuda del Estado mexicano: las amenazas constantes hacia el padre Alejandro Solalinde y el director jurídico del Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan; la detención injustificada de los dos defensores comunitarios del agua en Puebla; el asesinato de Regina Martínez, periodista del semanario Proceso; y el del estudiante Jethro Ramsés Sánchez, a quien un elemento del Ejército ejecutó extrajudicialmente.

Particularmente exigimos como organización:

• Reconocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos combatidos en el contexto del combate a la delincuencia y asegurar que los responsables rindan cuentas.
• Asegurar la investigación eficaz de los ataques, asesinatos, amenazas, detenciones y procesamientos infundados en contra de periodistas y defensores.
• Que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad y la justicia, así como a medidas de reparación. Específicamente, que existan más políticas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia.
• Reformar el sistema judicial civil y militar para hacer rendir cuentas a quienes sean responsables de violaciones a derechos humanos. En concreto, poner fin a la jurisdicción militar.
• Adecuar el sistema de justicia para que se conduzca de acuerdo a los estándares internacionales.
• Garantizar implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

*Por último, queremos hacerles una atenta invitación para asistir este sábado 23 de mayo a la proyección del documental “Atenco: romper el cerco” en el Centro Cultural comunitario Corazón del Barrio, ubicado en la 2 norte 1609, entrando por la 18 Oriente (a un costado de la iglesia de San José).