• Un caso similar fue divulgado por el candidato a diputado federal por el PRI, Enrique Doger

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

A más de una centena de beneficiarios del Programa Oportunidades los amenazaron con quitarles el apoyo si su voto no era para Acción Nacional, denunciaron habitantes de la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, ante la Junta Distrital del Instituto Federal Electoral (IFE).

Algunas de las afectadas acudieron a la autoridad a denunciar a la coordinadora de dicho programa en su colonia, Guadalupe Montiel, toda vez que desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le dieron la instrucción de congregar a los beneficiaros para llevarlos a las casillas durante la jornada electoral del 1 de julio, según justificó ante las mujeres.

“Esa señora dijo que era obligatorio, que era a fuerza, que teníamos que ir a las casillas, que iba a llegar una persona que nos iba a estar asesorando y que desde que empezaran las votaciones hasta que terminaran íbamos a estar ahí, que era a fuerza que porque a ella la estaban forzando y si no nos iban a quitar la ayuda”.

Las mujeres que prefirieron omitir su nombre, dijeron que decidieron reportar el hecho al IFE debido a que han visto en medios de comunicación que las amenazas de este tipo son un delito –comerciales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)- , a pesar de que la coordinadora les ha asegurado que no es así.

Entre las afectadas se encuentran personas de la tercera edad y madres solteras, las denunciantes estimaron que suman una centena.

Un caso similar fue divulgado por el candidato a diputado federal por el PRI, Enrique Doger Guerrero, a medios de comunicación, incluso en esta ocasión, su personal acompañó a las denunciantes al Consejo Distrital.

En este sentido, las afectadas dijeron que no tienen vínculos con el candidato, pero reconocieron que su personal las convocó a recurrir a las autoridades.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto Federal Electoral (IFE), Armando Betancourt García, indicó que el departamento jurídico analizará la queja, y de encontrar irregularidades las canalizara a oficinas centrales toda vez que por la gravedad de los delitos a evaluar, es decir, uso indebido de recursos y coacción del voto, corresponde al Consejo General abordar el tema.

El funcionario adelantó que en un mes podría desahogarse el asunto, es decir, después de la elección.