• Tras la salida de Víctor Hernández del Órgano de Fiscalización Superior, el análisis fue suspendido por casi dos meses

• De los siete diputados que conforman la Comisión Inspectora, tres de ellos pidieron licencia para contender por una diputación federal

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Foto: EEF.

Diputados se pronunciaron porque el dictamen de cuentas públicas de ayuntamientos, entidades y organismos descentralizados se realice después de las elecciones federales para evitar que el tema se utilice como “garrote político”. Esto pese a que antes de concluir el año, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 600 estados financieros.

Con la salida del titular del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, en octubre de 2011, el análisis de las cuentas fue suspendido por casi dos meses. El nuevo auditor general, David Villanueva Lomelí, solicitó al Congreso una prórroga para terminar con los cien expedientes proyectados para los primeros cinco meses del año; los diputados la concedieron.

Entonces, el presidente de la Comisión Inspectora –responsable de dictaminar junto con el OFS-, Mario Riestra Piña, reveló que para este año los diputados estarían trabajando en 800 cuentas, entre ellas 50 del año 2010. Hasta el momento el avance ha sido poco pues aún hay 600 por resolver.

Al rezago del estudio de los ejercicios fiscales se suma que la citada comisión no está integrada en su totalidad, pues de los siete diputados que la conforman, tres de ellos solicitaron licencia hace mes y medio para buscar una curul federal.

Desde entonces los diputados suspendieron las sesiones pues se espera que se reanuden hasta que las vacantes sean ocupadas.

A decir de los legisladores la situación no ha paralizado el trabajo del Congreso, incluso analizan la posibilidad de posponer las reuniones por un mes y medio más, después de la jornada electoral del 1 de julio.

Varios diputados han pugnado por que el OFS no sea “factor de influencia, de contaminación en el proceso electoral”, anotó Riestra Piña.

La propuesta es que sus correligionarios suspendan el dictamen de las cuentas, pero el OFS continuaría revisándolas, de este modo –dijo- se garantiza que la evaluación sea pormenorizada y exhaustiva. Si la resolución es positiva habrá certeza de que los recursos se ejercieron de forma lícita, pero si el dictamen es negativo no sólo se tendrán sospechas sino evidencias de las fallas.

Foto: Joel Merino

Pendiente cuenta de Alcalá Ruiz

Entre las 50 cuentas pendientes de 2010 está la de la candidata al Senado de la coalición Compromiso por México (PRI–PVEM), y ex alcaldesa capitalina, Blanca Alcalá Ruiz. La priista deberá resolver un pliego de observaciones emitido por el OFS por un monto de mil millones de pesos.

La posibilidad de que el dictamen de su ejercicio fiscal y el de otros actores políticos se suspendan tiene el propósito de “no lastimar a los partidos”, puntualizó el legislador de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres.

Si bien reconoció que su institución política sería una de las beneficiadas, el diputado priorizó su responsabilidad como miembro del Congreso local.

“Si la Auditoría Superior de la Federación tiene esta restricción, el OFS también debe hacerlo (…) Más allá de quien se blinde, si antepongo los intereses de mi partido sería fabuloso ver los números de ayuntamientos del PAN y del PRI y los podríamos utilizar con fines electorales, pero tenemos que ser responsables y no descalificar”.

Quien no coincidió con él fue su compañero de Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga Santamaría.

El aliancista espetó que las elecciones federales no deben frenar el desarrollo del estado, así que convocó a sus compañeros a actuar con responsabilidad y conforme a la ley.

Por ello puntualizó que si alguno actor público incurrió en actos ilícitos deberá ser sancionado aún cuando sea candidato a un puesto de elección popular.

“Yo por eso creo que no debemos dejar abierta ninguna sospecha a que se pretenda favorecer a absolutamente a nadie, yo creo que si alguien es responsable de algún ilícito tiene que asumir su responsabilidad. Me parece que no se trata de aprovechar la coyuntura electoral o los procesos electorales para querer tender una nube que proteja o que deje de lado la aplicación de la justicia”.

Aunque no se ha concretado un acuerdo, la Comisión Inspectora sigue sin sesionar, hasta el momento se desconoce cuándo reanudarán actividades.