• En 2008 fue acusada de ser informante de Los Zetas y huyó

• Ahora reaparece y asegura que es inocente y que hay inconsistencias en las acusaciones

Josué Mota

@motajosue

María Eugenia Enríquez Reyes, quien fuera coordinadora de agentes del Ministerio Público en Cholula, y tenía una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada desde 2008, luego de que un integrante del grupo de Los Zetas dijera que le pagaban 50 mil pesos a cambio de que les proporcionara información sobre operativos de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), actualmente extinta, este jueves por la mañana se entregó a las autoridades judiciales federales.

Antes de hacerlo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Puebla, aseguró que es inocente del delito del que se le acusa y que las declaraciones del detenido no tienen sustento ni lógica, además de que dejó ver que la acusación se pudo formular por los conflictos que tenía con Víctor Pérez Dorantes, quien fuera subprocurador de Averiguaciones Previas en el sexenio pasado.

La Historia

La noche del 16 de agosto del año de 2008 Pérez Dorantes viajaba rumbo a su casa en su camioneta acompañado por su escolta, detrás de ellos viajaban algunos funcionarios bajo su mando en un Jetta, de pronto desde una camioenta Liberty negra abrieron fuego con fusiles AK-47 principalmente contra los ocupantes del Jetta propiedad de la Procuraduría General de Justicia.

Dos días después, el subprocurador fue llamado de urgencia para atender un asunto: 8 integrantes de Los Zetas habían sido linchados por pobladores del municipio Tlapanalá y los mantenían retenidos, su tarea era rescatarlos para que fueran atendidos medicamente y detenidos por la autoridad ministerial.

Con varios problemas y después de varias horas de negociación logró su cometido, los ocho integrantes de Los Zetas fueron atendidos en el hospital General y luego se les tomó su declaración. Ahí, uno de los detenidos, Aurelio Xolo Goscón o Javier Ríos Ponciano, alias “El Congo”, dijo que su grupo había sido el encargado ejecutar el atentado contra Pérez Dorantes como una venganza porque el funcionario se negó a colaborar con el grupo criminal.

Pero Aurelio Xolo Goscón también identificado como Javier Ríos Ponciano habló de la participación de algunos funcionarios de la Procuraduría con Los Zetas. Dijo que los comandantes de la Policía Ministerial Jairo Baena y Abelardo López les brindaban información y de la misma forma lo hacía María Eugenia Enríquez Reyes, a quien en una ocasión le entregaron 50 mil pesos en un portafolio a cambio de que les informara de los operativos de la DIEDO, que en aquel entonces se encargaba de delitos como secuestro, narcomenudeo y obviamente todo lo relacionado con la delincuencia organizada.

La Procuraduría General de Justicia consignó la averiguación previa de los detenidos junto con las declaraciones de Aurelio Xolo Goscón o Javier Ríos Ponciano y posteriormente se libró una orden de aprehensión contra los dos comandantes y Enríquez Reyes, luego se supo que los tres ya se habían dado a la fuga antes de que se girara el ordenamiento judicial solicitado por la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República.

A partir de ese momento se dejó de tener información de los dos policías y la funcionaria. Fue hasta este jueves cuando se convocó a algunos medios para dar a conocer que María Eugenia Enríquez Reyes se entregaría al Juzgado Noveno de Distrito para someterse al proceso judicial.

La exfuncionaria dijo ante los reporteros que la declaración de Xolo Goscón tiene varias inconsistencias, entre ellas que dijo que se comunicaban a través del teléfono y proporcionó los números, pero asegura que esos nunca han sido sus números. Aseguró que según el detenido fueron a pactar con ella en su propia oficina, lo que -a decir de la declarante- resulta increíble tratándose de un asunto ilegal y grave.

Además considera de que es notorio que la declaración fue inducida para generar contra ella un impacto negativo, como el hecho de que supuestamente se le entregaron 50 mil pesos en un portafolio, cuando esa cantidad cabe hasta en un sobre,  según dijo.

Pero también afirmó que comenzó a tener problemas laborales desde que Rodolfo Archundia Sierra tomó el control de la Procuraduría, además de que tenía mala relación con Pérez Dorantes y con la esposa de éste, Lydia Antonio Sánchez, quien en ese tiempo fungía como Directora de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual.

Aseguró que también tenía mala relación con el que era titular de la DIEDO, Francisco Ávila Caso, y que ella no tenía información sobre los operativos de la DIEDO, pues de estos sólo conocen el titular y sus superiores.

Narró que durante los años que estuvo prófuga perdió contacto con sus familiares y atravesaba por una situación difícil, puesto que ya no tenía dinero para su defensa y está segura de que en proceso judicial demostrará su inocencia.

María Eugenia Enríquez llegó al edificio del Poder Judicial de la Federación acompañada de la exsenadora Layda Sansores, quien manifestó su respaldo a la exfuncionaria y dijo que confía en su inocencia.

Luego María Eugenia Enríquez subió al Juzgado y una hora después fue aprehendida y llevada a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, luego sería llevada al Penal de San Miguel y entonces comenzará el proceso judicial.