A los partidos políticos la obligación de hacer públicas sus finanzas los agarrará en la recta final de la campaña, por ello existe la duda en los organismos de la sociedad civil si cumplirán o no con hacer pública la información sobre el financiamiento público

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En 2010, una de las banderas políticas de Rafael Moreno Valle, entonces candidato a la gubernatura fue la transparencia, como un elemento para marcar una diferencia con el gobierno de Mario Marín a quien organizaciones y especialistas calificaron siempre como una administración opaca. Dos años después los aspirantes a ocupar una curul en el Senado o en la Cámara de Diputados han dejado de lado el tema de la transparencia, a pesar de las deficiencias que tiene aún la ley a nivel federal.

Pero el tema no sólo ha quedado olvidado por los actores políticos, el gobierno del estado no han dado muestras de un interés real en el tema más allá del discurso político y de la reforma a la ley de Transparencia –que cumplió, hay que decirlo, con la oferta de campaña del combo de partidos Compromiso por Puebla que aupó en el poder a Moreno Valle—.

Ejemplo de esto es el magro presupuesto que se le otorgó a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) a pesar de que se incrementó el número de sujetos obligados a vigilar.

El presupuesto no sólo es uno de los tres más bajos de todo el país, junto con los organismo de Chiapas y Coahuila, como documentó el diario Reforma; es también el más bajo entre los organismos autónomos del estado.

De acuerdo con la Ley de Egresos para el 2012 al Instituto Estatal Electoral (IEE) se le presupuestaron 39.4 millones de pesos, para Comisión de Derechos Humanos (CDH) el documento aprobado por el Congreso del Estado y redactado por el gobierno morenovallista reconoce 19 mdp, al Tribunal Electoral del Estado se le asignaron 18.5 millones, mientras que a la comisión la cifra quedó en 11.8 mdp. En 2011 el presupuesto para el IEE fue de 33.2 mdp; al tribunal 18.6, a la CAIP le entregaron 12 millones y a la CDH 18.8

Y los partidos en curva

A los partidos políticos la obligación de hacer públicas sus finanzas los agarrará en la recta final de la campaña, por ello existe la duda en los organismos de la sociedad civil si cumplirán o no con la nueva ley de transparencia del estado.

En entrevista con Lado B, Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Puebla, recordó que con la reforma a la ley estatal de 2011 se incluyó nuevos sujetos obligados, entre ellos a los partidos políticos, lo que los condiciona a subir su información a una página de internet para que cualquiera pueda consultarla. Los institutos políticos también podrán ser cuestionados directamente por ciudadanos como ya sucede con las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal.

Entre la información que deberán hacer pública está: los estatutos, declaraciones de principios, programas de acción y documentos normativos; actividades de los centros de formación y educación política; el origen de los recursos que reciban; los gastos de campañas constitucionales y aquellas internas de precandidatos; los informes financieros presentados a la autoridad electoral; las minutas, acuerdos y actas de reuniones en donde se determine la aplicación del financiamiento público; y el inventario de bienes inmuebles y vehículos adquiridos con recursos públicos.

“Estamos a 45 días de que se cumpla el plazo que el Congreso fijó para que los sujetos obligados cumplan con la nueva ley, puntualiza Roberto Alonso, y hasta donde tengo conocimiento la CAIP ha estado insistiendo en que partir del 1 de junio tendrán que estar listas sus páginas de transparencia con las nuevas obligaciones, y hay algunos otros sujetos obligados como los partidos que se incorporarán, con estos últimos habrá que estar muy pendientes para ver si cumplen o no con la ley”.

Por su parte la CAIP mediante un boletín informó el pasado 11 de abril que se ha otorgado capacitación a los nuevos sujetos obligados, pero no especifica si entre estos se encuentra personal de los institutos políticos. Aunque fuentes al interior del organismo señalaron que la capacitación a los partidos políticos es aún un pendiente para el organismo garante de la transparencia.

Pero tampoco hay sanciones establecidas en caso de que los partidos no cumplan, la ley señala que en caso de que no se cumpla con las reglas la CAIP deberá notificar a los órganos internos de control y ellos tendrán que aplicar la sanción correspondiente.

Fuera de la agenda

Y en las campañas electorales de los aspirantes poblanos a diputados y a senadores el tema de la transparencia brilla por su ausencia a pesar de que se trata de un tema pendiente a nivel federal, nivel de gobierno en el que los futuros legisladores tendrán que trabajar.

“Aún estamos revisando las plataformas electorales de los candidatos –explica Roberto Alonso, integrante también del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla— pero en términos generales por lo que hemos leído y escuchado en los medios no parece ser un tema prioritario para los candidatos, ni de izquierda ni de derecha”.

La reforma a la ley de transparencia federal, que se volvió obligatoria tras la modificación al artículo 6 constitucional que aprobó en junio de 2007 el Congreso de la Unión, es ya la única reforma pendiente y tiene cuatro años de retraso –el artículo segundo transitorio otorgó una prórroga de un año para cumplir con la adecuación de la ley.

Lilia Saúl, integrante de la organización México Infórmate en un artículo publicado en El Universal en abril del año pasado, recordaba que unos días antes, el 29 de marzo, la comisión que presidía entonces el panista Javier Corral había aprobado la iniciativa de reforma que envió el Senado, pero que todavía tenía que pasar por las comisiones de Justicia, que preside el priísta Humberto Benítez Treviño, y la de Función Pública a cargo del verdeecologista Pablo Escudero.

Saúl explica en dicho artículo que “Humberto Benítez Treviño fue Procurador General de la República de mayo a noviembre de 1994, casi al final del sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y fue Secretario de Gobierno en el estado de México de septiembre de 2005 a marzo de 2009. Durante sus funciones ocurrieron los sucesos lamentables de Atenco. Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista, es uno de los 13 legisladores que tiene permiso para introducir escoltas al Palacio de San Lázaro”.

Una propuesta que en su eje central, sostuvo el panista al ser entrevistado por la Red de Rendición de Cuentas, busca “transparentar los fideicomisos y los nombres de los beneficiados de créditos fiscales, lo que fortalecía la democracia y la rendición de cuentas pero al parecer también afectaría los intereses de aquellos empeñados a maniobrar desde la opacidad”.

Las propuestas después

Cuestionados al respecto los equipos de campaña de candidatos de la priísta Blanca Alcalá, y el panista Néstor Gordillo afirmaron que sus candidatos sí tienen propuestas en materia de transparencia, pero que serán desglosadas “más adelante”.

Hasta el momento, a 15 días de iniciadas las campañas, ni Blanca Alcalá ni la panista Augusta Díaz de Rivera, ambas candidatas al Senado, cuenta con página de internet en donde se puedan consultar cuales serán sus líneas de trabajo o con qué propuestas llegaran al Senado en caso de resultar ganadoras en la jornada electoral. El único espacio electrónico con el que cuentan hasta el momento son sus páginas de Facebook, donde tampoco ofrecen mayor información respecto de sus propuestas de campaña.

Al revisar las páginas de internet de los candidatos a diputados, Néstor Gordillo y Pablo Fernández del Campo, ni el panista ni el priísta han detallado ahí cuáles serán sus propuestas.

De los candidatos a diputados propuestos por Movimiento Progresista para la capital poblana, ni Mario Chapital de la Rosa ni Abelardo Cuellar cuentan con información alguna sobre sus plataforma de campaña o sus propuestas electorales en sus páginas de Facebook, ninguno de los dos tiene aún página electrónica.