Redacción

Todos los tipos de presuntas violaciones de derechos humanos, sin excepción, deberían ser investigados y juzgados en la justicia penal ordinaria; los funcionarios del fuero civil deberían tener la facultad exclusiva de llevar a cabo la investigación preliminar de incidentes que involucren posibles abusos cometidos por militares contra civiles, y sólo ellos deberían determinar si corresponde que un caso sea investigado en la jurisdicción penal ordinaria. Y, los militares que presuntamente han cometido abusos no deberían estar sujetos a procedimientos ni normas probatorias especiales en la justicia penal ordinaria, ni tampoco estos casos deberían ser juzgados exclusivamente por miembros actuales o anteriores de las Fuerzas Armadas.

Esas son las principales observaciones realizadas por Human Rights Watch sobre los distintos proyectos legislativos de reforma del Código de Justicia Militar que están siendo elaborados en el Senado.

De acuerdo con José Miguel Vivanco, a nombre de la organización, con estos tres principios se podría “asegurar que presuntos abusos cometidos por personal militar sean investigados y juzgados en un sistema de justicia penal ordinaria, independiente e imparcial, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Foto: Joel Merino.

Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas —incluidos dos informes, Ni Seguridad, Ni Derechos (noviembre de 2011) e Impunidad Uniformada (julio de 2009)- que documentan abusos cometidos por militares y miembros de otras fuerzas de seguridad contra civiles, especialmente aquellos perpetrados en el contexto de las iniciativas de lucha contra el narcotráfico impulsadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Una de las principales causas por las cuales persisten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca rinden cuentas por sus actos. Y una de las razones fundamentales que permiten que no sean juzgados y castigados es que continúan siendo investigados y procesados en el sistema de justicia militar, que carece de la independencia e imparcialidad necesarias para juzgar a sus miembros, y que no ha cumplido su obligación de garantizar un recurso judicial efectivo a las víctimas.

Tanto los tribunales internacionales como la Suprema Corte de Justicia han reconocido la gravedad de este problema y han instado a México a reformar su fuero militar.

La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones por violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Sin embargo, desde 2007 tan sólo 29 militares han sido condenados en el fuero militar por violaciones de derechos humanos.

Lea aquí la Carta al Senado.