Roberto Alonso*

En la Cámara de Diputados dos proyectos desnudaron la semana pasada a una parte considerable de la clase política del país. Inusualmente, uno se detuvo, mientras que otro prosperó en una dosis mínima pero significativa. Con el rabo entre las patas, como se dice coloquialmente, los diputados dieron marcha atrás en su intento de congraciarse con las televisoras mediante una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV) contraria a la Constitución. En carril paralelo y con un desempeño mediocre, desatoraron el fragmento de reforma política que logró el consenso suficiente para ser aprobado.

Aunque el proyecto de reforma a la LFRTV  había contado ya con el respaldo de la mayoría de los diputados para turnarse al Senado de la República, la mesa directiva atajó esta “bola rápida” y la devolvió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, tras hallar deficiencias en el procedimiento legislativo y justificar que el artículo 105 constitucional prohíbe legislar en materia electoral cuando está en curso un proceso de esta naturaleza. Según trascendió, dicha comisión ni siquiera sesionó para discutir la reforma, recabándose las firmas de sus integrantes por separado para llevarla al pleno.

A propuesta del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, esta decisión fue apoyada por la mayoría del pleno en votación económica. Curiosamente, el único en reclamar esta determinación, manifestándose en contra, fue el coordinador de los diputados del PVEM, Juan José Guerra Abud. Si bien el diputado que presentó el proyecto defendido en tribuna por el petista Mario di Costanzo fue el perredista Armando Ríos Piter, el papel del PVEM no fue menor ya que el presidente de la comisión que “lo dictaminó” es Gerardo Flores Ramírez, conocido por formar parte de la telebancada y haber sido colaborador del directivo de Televisa Javier Tejado Dondé.

Ante su grupo parlamentario, Ríos Piter reconoció que su iniciativa le había metido un gol a la reforma electoral. El 19 de abril, el mismo día que se frenó el proyecto, escribió en su cuenta de Twitter: “Es malo equivocarse, pero es PEOR no corregir”. Sin embargo y a reserva de una necesaria y detallada explicación, el también candidato a senador por Guerrero señaló en una entrevista que el propio Flores Ramírez lo habría orientado en los polémicos artículos de su iniciativa: el 49 Bis y el 79-B.

La reforma, prontamente recordó a la Ley Televisa por seguir un proceso de aprobación fast track y favorecer a las televisoras, exentándoles de la obligación de cumplir con la transmisión de los 48 minutos correspondientes a los tiempos del Estado desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral en sus estaciones locales.

El mismo 19 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 279 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones el proyecto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma política. Esta reforma se había congelado en San Lázaro luego de que el PRI, el PVEM y Nueva Alianza se negaran a aceptar la reelección de legisladores, entre otros puntos. Al final, esta resistencia prevaleció quedando fuera este planeamiento, las observaciones del Ejecutivo federal al presupuesto de egresos y la reconducción presupuestal.

La reforma política original, enviada por Felipe Calderón Hinojosa al Senado de la República en diciembre de 2009, consistía en 10 puntos: reelección de alcaldes; reelección de diputados y senadores; reducción de los integrantes del Congreso de la Unión; aumento del umbral de votos para el registro de los partidos políticos; iniciativa ciudadana; candidaturas independientes; segunda vuelta electoral; iniciativas de la Corte; iniciativas preferentes del Ejecutivo federal; y derecho a presentar observaciones también del Ejecutivo federal al presupuesto de egresos.

Tras su análisis, en abril de 2011 el Senado aprobó un proyecto de reforma política que incluía la iniciativa ciudadana, la reelección legislativa, la consulta popular, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente, las observaciones del Ejecutivo federal al presupuesto de egresos, la reconducción presupuestal, la sustitución del presidente en caso de ausencia absoluta, la ratificación de comisionados de órganos reguladores, la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y la toma de protesta del presidente.

A pesar de ser un avance, la reforma política es insuficiente y en algunos casos inviable. No en balde estos cambios constitucionales que deberán ser confirmados por la mayoría de las legislaturas estatales han sido descritos con términos como “reforma mocha”, “reforma patito” o “miscelánea política”. Es lamentable que dos de sus principales contenidos, sino es que los más importantes -la reelección de legisladores y la revocación del mandato-, hayan quedado fuera de lo aprobado por boicoteo del PRI, el PVEM y Nueva Alianza, partidos que se muestran con fachadas atractivas pero que encierran una arquitectura contraria al espíritu democrático.

Estos episodios legislativos de freno y acelerador, junto con otros, son oro molido para un voto informado y razonado. Queda claro que si se trata de afianzar el todavía frágil régimen democrático que existe, la ruta no es la consolidación de una telebancada, sean sus miembros del partido que sean, así como tampoco el gobierno mayoritario o en alianza de los partidos que se oponen a darle a los ciudadanos instrumentos de control democrático y participación ciudadana efectiva.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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