• La administración estatal usa como parapeto legal un acuerdo distinto al que establece las reglas para el proceso electoral 2011-2012

• El mismo acuerdo que le autoriza promover el 150 aniversario del 5 de mayo

Página de Transparencia Gobierno del Estado.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Con el argumento de la veda a la difusión de propaganda gubernamental que impone el proceso electoral, la administración de Rafael Moreno Valle apagó la transparencia, a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) señaló que la información de las páginas de transparencia no es “propaganda” y exhortó al gobierno a cumplir con la ley de transparencia.

En el espacio electrónico en el que usualmente se publica la información gubernamental aparece la leyenda: “En cumplimiento con el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 247/2011, la información que compete a esta fracción, será actualizada hasta el término del proceso electoral”, y la última actualizado data del 30 de marzo pasado.

Ese “apagón informativo” cruza el plazo de seis meses que otorga la ley de transparencia en el estado para que todos los órganos de gobierno cumplan con el nuevo marco normativo aprobado a finales del año pasado, por lo que no está claro si el gobierno cumplirá con actualizar la información antes del 1 de junio, fecha en que termina el plazo.

El IFE no opaca

De entrada el documento al que hace referencia el gobierno del estado quedó contenido en un nuevo acuerdo, el 75/2012 en donde se establecen “las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental” específicas para el periodo electoral 2011-2012.

Ese nuevo documento, publicado el 29 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación como un elemento para tratar de establecer un proceso electoral equitativo, establece excepciones al acuerdo para bloquear “la propaganda gubernamental”, y entre esas excepciones están las páginas de transparencia gubernamentales.

El acuerdo aprobado por el Instituto Federal Electoral (IFE) cita al articulo 41 constitucional para señalar que “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”.

El documento también reconoce algunas excepciones que tienen que ver con información relacionada con “servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, aunque debe cumplir con ciertas características: “En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Entre las excepciones también se acordó un periodo de 20 días al gobierno del estado de Puebla para la promoción del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo.

En su apartado siete el acuerdo que aprobaron los consejeros electorales federales también se puntualiza que las páginas de transparencia están exentas de la veda electoral: “Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor”.

Llama la atención que el gobierno de Moreno Valle cite un documento, que si bien puede ser válido, es distinto al que pone las reglas en este proceso específico, sobre todo porque en ese mismo acuerdo –el 75/2012— es en donde se autoriza a su administración publicitar la fiesta del 5 de mayo.

La información no es propaganda: IFAI

Al respecto Jaqueline Peschard, presidenta del IFAI, explicó que tras un análisis al interior del organismo responsable de la transparencia a nivel federal concluyeron que la información de las páginas de transparencia no es equiparable a “propaganda gubernamental”, ya que su puesta a disposición obedece al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia.

Impedir la consulta de esa información, dijo, podría traducirse en la inobservancia o inaplicación de lo dispuesto en una ley de orden público, afectando con ello el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Por ello, el IFAI lanzó un exhorto a las dependencias del gobierno federal a cumplir debidamente con las obligaciones que establece la Ley Federal de Transparencia, “sin contravenir, con ello, las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia de difusión de propaganda gubernamental”.