El pasado 23 de febrero de 2012 elementos de la policía federal extorsionaron a tres migrantes de origen hondureño, quienes interpusieron una denuncia. Días después, un funcionario que dijo ser de la Procuraduría General de la República (PGR), y un abogado supuestamente de Morena, trataron de sobornarlos para que desistieran de las acusaciones.
El día de los hechos, aproximadamente a las 21 horas los tres policías se subieron al autobús en el que viajaban los migrantes, en el tramo carretero Escárcega–Villahermosa, después del crucero de Playas de Catazajá, y les pidieron identificarse: lo hicieron; les pidieron papeles de legal estancia en el país, lo cual no pudieron acreditar.
Los policías los bajaron del autobús, a uno de ellos lo empujaron violentamente, al reclamar la violencia el policía contestó “vienen de ilegales y todavía reclaman”. Los subieron en dos patrullas de la Policía federal, una de ellas con número económico 12505, los llevaron rumbo a Villahermosa (aproximadamente 10 minutos en carretera). Los migrantes refieren que los policías se comunicaban por radio y decían “… es un tri–uno… es un tri–uno…”.
Después los bajaron de las patrullas y entre amenazas e intimidaciones les pidieron dinero para dejarlos ir. Los migrantes lograron juntar entre los tres 900 pesos. Después del intercambio de algunas palabras más, los policías federales los “dejaron libres”.
Al llegar las tres personas de origen hondureño a Palenque, y con la asesoría de la CNDH, pusieron la denuncia correspondiente ante la PGR (AP/PGR/CHIS/PAL/17/2012).
Días después dos personas que se identificaron, uno como gente de la PGR, otro como el abogado Marcos Mayo, quien se ostenta como representante de MORENA en Palenque, les pidieron que se desistieran de la demanda y les ofrecieron dinero a cambio de su silencio y de que se fueran lo antes posible de Palenque. Incluso llevaban un papel donde estaba redactado el desistimiento. Los migrantes no aceptaron esa “negociación”.
Ante los hechos el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. y La 72. Hogar – Refugio para Personas Migrantes, denuncia que