Roberto Alonso*

Nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se llevó las palmas. Por abuso u omisión del legislador, el máximo tribunal del país se ha convertido en los últimos años en el actor correctivo de prácticas y normas de oscura procedencia. Su labor ha sido cardinal en los últimos años a la hora de salvaguardar principios constitucionales y defender el interés público, tal y como ocurrió cuando desarticuló la lógica de la Ley Televisa que aprobaron diputados y senadores entre 2005 y 2006, en plena contienda electoral.

Su conducta, como la de toda institución, no ha sido infalible en todo momento. Basta recordar su papel a la hora de evaluar en 2007 la legalidad de la actuación del ex gobernador Mario Marín en contra de la periodista Lydia Cacho o, más recientemente, su nueva y polémica política de supresión de datos personales, incluidos aquellos de personas morales que no son sujetos de derechos fundamentales. A pesar de esto, las discusiones de los ministros y sus acuerdos han sido más de una vez bocanadas de aire que han permitido frenar intentos de sortear la ley y pasar como legales conductas arbitrarias e injustas.

Salvo excepciones como el caso Querétaro, en relación con temas como la transparencia y el acceso a la información pública la SCJN se ha mantenido distante. En este estado se reformó la Constitución local en 2008 y se fusionó el órgano garante de la transparencia con el organismo protector de los derechos humanos, incumpliéndose la fracción IV del artículo sexto constitucional  por lo que toca a la existencia de organismos especializados para garantizar el acceso a la información pública. Un mes después de esta reforma, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en su contra, misma que fue aceptada y analizada por la Corte declarando la invalidez del cambio constitucional.

Las leyes de transparencia de Puebla, Campeche y Veracruz también fueron objeto de acciones de inconstitucionalidad, sin embargo, a diferencia del examen constitucional por el que pasó el caso Querétaro, la SCJN se ha resistido a estudiar el resto de impugnaciones. El caso Puebla, particularmente, quedó sin sustancia con la aprobación de una nueva ley de transparencia  en la entidad a finales de 2011. En Campeche y en Veracruz, en tanto, las resoluciones de sus órganos garantes de la transparencia no son definitivas e inatacables, detalle que debilita a estas instituciones. En el estado peninsular, las resoluciones pueden ser impugnadas por los sujetos obligados mediante un juicio de nulidad, mientras que en el dilatado estado se eliminó el carácter definitivo y obligatorio de éstas con una desventurada reforma el año pasado.

Aunque la tesis con la que la Corte se ha llevado las palmas en estos días se refiere a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) -lo que quiere decir que las decisiones de este organismo deben ser acatadas por los sujetos obligados sin pretexto alguno- este elemento judicial sienta un precedente muy importante para reconocer que en materia de transparencia y acceso a la información los órganos garantes tienen la última voz, como lo subraya el Colectivo por la Transparencia en su posicionamiento al respecto.

De acuerdo con Ricardo Becerra, los sujetos obligados, es decir, las autoridades o entes públicos que tienen en su poder la información pública, no tienen derechos. Poseen obligaciones, competencias y facultades, pero no derechos, que les son exclusivos a las personas. Por eso dice el jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE), que con esta tesis la Corte ofreció “una de las mejores noticias políticas, institucionales -y sobre todo conceptuales- de los últimos años: se acabaron los pretextos, toda dependencia del gobierno federal está sujeta a la jurisdicción y decisión última del IFAI.”

Desde 2002, la ley federal de transparencia establece en su artículo 59 que las resoluciones del IFAI son “definitivas para las dependencias y entidades”. No obstante, a partir de 2003, 16 dependencias del gobierno federal han promovido 56 juicios en contra del IFAI, siendo la PGR la que más litigios ha emprendido con 30 demandas, concretamente vía el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). A través de sus salas, esta instancia ha salido ilegítimamente a la defensa de dependencias de la administración federal y ha revocado incluso algunas órdenes del IFAI.

En la tesis aprobada por unanimidad por los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN, que tiene como origen un amparo promovido por la hija del activista Rosendo Radilla luego de solicitar a la PGR acceso a la averiguación previa sobre la desaparición de su padre, se puede leer lo siguiente: «los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el IFAI al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento».

Ni duda cabe. Para los sujetos obligados por la ley federal de transparencia, lo dicho por el IFAI debe ser obedecido. En caso contrario queda el terreno de las responsabilidades y de las sanciones. Ojalá y este aire llegue a San Lázaro y los diputados, quienes tienen en su cancha el balón, cumplan de una vez por todas con uno de sus rezagos: la reforma a la ley federal de transparencia.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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