Roberto Alonso*

La digitalización es un arma de doble filo. Como lo formuló Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en la presentación del informe “Los Medios Digitales: México” en Puebla, el salto tecnológico que este proceso trae consigo constituye una apreciable oportunidad para promover la pluralidad y la diversidad en el panorama comunicacional del país. Con ella, pasan a la historia aquellos argumentos relacionados con la saturación del espectro radioeléctrico y su incapacidad para la entrada de nuevos jugadores.

No obstante, sin políticas públicas que favorezcan la apertura de un sector altamente concentrado como lo es el de la radiodifusión, donde la digitalización está en desarrollo, ésta puede profundizar y agravar las prácticas de dominancia existentes, con las dañinas secuelas que la permanencia del estado actual de cosas tiene para el incipiente e incompleto proceso de transición democrática.

En este contexto, el informe aludido adquiere especial relevancia pues aunque no se reduce al ámbito de la radio y la televisión, sino que incluye referencias y diagnósticos sobre el periodismo impreso, las redes sociales y la penetración del Internet, la batería de recomendaciones que contiene apuntan hacia un blanco irrefutable: la necesaria reforma de fondo al sector de las telecomunicaciones a través de una nueva ley de medios.

El tema no es nuevo pero precisamente por eso sí se trata de una asignatura pendiente. Hay, de hecho, una iniciativa de ley reciente que busca colaborar con la convergencia tecnológica sintetizando en una sola legislación dos sectores que hasta el momento y por desgracia se siguen administrando por separado: la radiodifusión, radio y televisión, por un lado; y las telecomunicaciones, por el otro. Esta iniciativa de ley fue presentada el 8 de abril de 2010 en ambas cámaras federales y fue respaldada por el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, sin embargo, presiones de la cúpula mediática lograron detener su avance y consenso.

Una discusión abierta de este proyecto de ley y de otras iniciativas no debiera esperar. Con la concentración mediática presente no sólo se inhibe la competencia y el dinamismo de un sector estratégico. Al mismo tiempo se consolida un poder fáctico capaz de modelar las instituciones a su antojo y se impide la posibilidad de tener un debate público democrático, uno que refleje la compleja y variopinta sociedad que integran más de 112 millones de mexicanos.

Para preparar el viaje, el informe elaborado por los investigadores Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata presenta un conjunto de recomendaciones a manera de ruta de navegación hacia un destino de tierra firme en el que la intervención del Estado garantice un escenario plural y equitativo. Éstas son: reformar las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, para impulsar la diversidad de la oferta mediática; permitir la adquisición, operación y administración de medios de comunicación por parte de comunidades indígenas y actores sociales; apoyar la producción audiovisual independiente; adoptar iniciativas que permitan el acceso de los ciudadanos a la digitalización de la radio y la televisión; e implementar con efectividad reglas que aseguren la transmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por cable.

Asimismo: establecer restricciones a la concentración de propiedad cruzada en radiodifusión y telecomunicaciones; proteger mecanismos de transparencia, equidad y diversidad en el otorgamiento de licencias y permisos para radiodifusión y telecomunicaciones; incluir a la sociedad civil en el diseño y en la evaluación de políticas públicas de comunicación; fortalecer al órgano regulador con plena autonomía y capacidad de sanción; dotar de independencia a la radiodifusión pública; y desarrollar acciones preventivas y de protección a periodistas.

El itinerario descrito es el que hay que recorrer si se quiere dejar de ser ejemplo de esquemas de concentración mediática dignos de regímenes autoritarios. No deslizan los autores al delimitar al país con la siguiente radiografía: “Con un poderoso grupo de comunicación que tiene tomado el control de la mayor parte de los ingresos de la publicidad y la audiencia; un débil sistema de medios de servicio público que proveen contenidos de acuerdo con los gustos de las élites de la cultura; y numerosos medios de comunicación dependientes de los recursos económicos del gobierno, México (…) no desempeña un papel importante en la democratización de los medios de comunicación.”

En sentido contrario a lo que se hubiera esperado, las administraciones federales del Partido Acción Nacional (PAN) han contribuido a robustecer, particularmente, el poder mediático de las televisoras. A reserva de algunos comentarios expuestos por Andrés Manuel López Obrador, el resto de los candidatos ha tomado distancia de este pendiente. Saben que la trama debe ser manejada con precaución y delicadeza para no dificultar su llegada a Los Pinos, y esto es así precisamente porque las decisiones en el sector han beneficiado intereses particulares antes que del interés nacional. Ha sido el costo y todavía puede empeorar.

El informe “Los Medios Digitales: México” forma parte de un proyecto de investigación de ambicioso alcance en 60 países de todo el mundo, en los que se pretende examinar el proceso de digitalización que se ha seguido a fin de disponer de elementos comparativos sobre el mismo. Este proyecto es financiado por Open Society Foundations, creada y dirigida por el financiero húngaro George Soros.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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