A propósito de la Iniciativa de Ley de Protección de Defensorxs y Periodistas

“Están en algún sitio, nube o tumba;

están en algún sitio, estoy seguro;

allá, en el sur del alma…”

Mario Benedetti.

Marcos Nucamendi

A poco más de un mes de que acabe el periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión tiene un gran pendiente por delante: aprobar, sin mayor dilación, la iniciativa de Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas*.

¿A qué se debe la premura? Sencillo y a la vez fatídico: México se ha convertido, con bastante celeridad, en uno de los países de América –y del mundo-, más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos y periodistas; la ola de violencia desatada años atrás fue sin duda un aliciente para ello. Entre 2006 y 2010, al menos 61 defensores fueron asesinados y en los últimos 10 años, cerca de 66 periodistas corrieron la misma suerte; esto sin contar los muchos otros que han sido amenazados, atacados, heridos, obligados a exiliarse, o peor aún, que al día de hoy permanecen desaparecidos.

Es muy alto el precio que estamos pagando como sociedad, pero es aún mayor el precio que están pagando quienes han decidido por propia convicción y vocación, dedicar su vida a la defensa de aquellos que se enfrentan a un sistema que no les garantiza igualdad de condiciones; o que por otro lado, han empleado su pluma, su voz y sus lentes, con la única finalidad de hacernos más cercana la verdad.

Bajo esta línea argumentativa, más de 200 organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional (AI), las Brigadas Internacionales de Paz y Naciones Unidas, acompañaron durante 25 sesiones en aproximadamente cuatro meses, el diseño y la redacción de esta iniciativa presentada el 12 de marzo. Su principal intención: el establecimiento de un mecanismo de protección que garantice la labor de quienes se dedican a informar o a defender los derechos humanos, sin temor a intimidaciones o represalias contra ellos, sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y demás personas involucradas.

La iniciativa comprende la creación de una Junta de Gobierno conformada –equilibradamente-, por autoridades federales y miembros de la sociedad civil públicamente convocados. Se establecen definiciones puntuales sobre lo que puede considerarse una agresión, a la vez que se expone claramente cómo se lleva a cabo la solicitud de protección, la evaluación del riesgo y su determinación para aplicar las medidas correspondientes: sean estas preventivas, de protección o urgentes. Según sea el caso, se adoptarán las medidas que pueden incluir reubicación, escoltas, celulares, cámaras, cursos personales y colectivos, acompañamiento, etc.; todas ellas sujetas a plazos considerables, algunos en pocas horas. Sanciones, transparencia, financiamiento y apelaciones son puntos también considerados.

Finalizando, recordamos que este 13 de marzo fue reformado el artículo 73 constitucional, que permite atraer al fuero federal los casos de agresión contra periodistas. Más allá de la necesaria aprobación por la mayoría de las legislaturas locales, esta reforma si bien celebrable, ilustra perfectamente la carencia de legislación en la materia. Años atrás se venía pidiendo esta reforma. Años atrás se viene pidiendo la Ley de Protección. No se diga más sobre la verdadera necesidad para que estas nuevas leyes y reformas puedan cumplirse a cabalidad: combatir la impunidad imperante. Entre tanto, es menester abogar por una legislación que otorgue más garantías al trabajo diario de aquellos que nos defienden; para no tener que buscarlos en algún sitio, nube o tumba.

*Consulte aquí la iniciativa de ley en su totalidad.

**Parar firmar y apoyar la nueva campaña de Amnistía Internacional.