Caso Lucila Cruz Velásquez

4 marzo, 2012 | 0 Comments

Un apunte sobre el avance de los “megaproyectos de desarrollo” y la criminalización de la resistencia de los pueblos indígenas y campesinos

Marcos Nucamendi

“[…] presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad”, reza el boletín de prensa de la Procuraduría General la República (PGR), a propósito de la detención injustificada de la defensora de derechos humanos, Lucila Bettina Cruz Velázquez.

El pasado 22 de febrero, cuando salía de una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la dirigente zapoteca fue arrestada -sin orden de aprehensión-, por agentes de la PGR en el municipio de Santa María Xadani, perteneciente al estado de Oaxaca. Incomunicada durante horas, la maestra fue ingresada en el reclusorio de la ciudad de Tehuantepec.

Dos días más tarde, gracias a la oportuna intervención, respaldo y exigencia a las autoridades por parte de la sociedad civil nacional e internacional, la activista pudo obtener su libertad; no sin antes, pagar una fianza considerable: 15 mil pesos. Las organizaciones civiles –Amnistía Internacional (AI) entre ellas-, pidieron expresamente que la cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, fuese exonerada de todo delito y así mismo, que su nombre quedara libre de toda sospecha, toda vez que el arresto pudo haber sido fabricado para entorpecer su trabajo como defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la región.

La PGR advirtió que la denuncia de la CFE se refiere a los hechos que se registraron el 13 de abril del año pasado, “cuando un grupo de personas presuntamente encabezadas por la inculpada tomaron las oficinas de la paraestatal en Juchitán”, impidiendo “el acceso y salida del personal de la institución”. Aunado a ello, se acusó a Lucila Bettina de incitar “a los manifestantes y al público en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”.

Ante ello, Amnistía Internacional sostiene que su aprehensión “forma parte de un patrón de arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados…”. Por su parte, Saúl Vicente –zapoteco originario de la zona-, quien actualmente es miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, sentenció que “este es un acto más de criminalización contra los luchadores sociales y defensoras de los derechos humanos”. El Foro en su conjunto, pidió garantizar la integridad de Bettina Cruz, sus familiares, los pueblos de la región, así como su inmediata liberación.

Cabe señalar que la Asamblea de los Pueblos ha llevado a cabo protestas pacíficas recurrentes, sobre todo en contra de la construcción de granjas o parques eólicos en tierras que les pertenecen a las comunidades y pueblos indígenas del Istmo. Considerada como una de las zonas con mayor flujo de aire en el mundo, la localidad de La Ventosa ha sido objeto de la atención de megaproyectos que tratan de aprovechar el aire como fuente alternativa de energía. La limitante que tienen estas iniciativas, hasta ahora, es que la propiedad de la tierra no la tienen ellos, y que los poseedores, poco a poco, se han ido organizando. De tal forma que, por lo que sugieren las acciones a lo largo referidas, se han buscado otras fórmulas para continuar con estos megaproyectos.

Ya el 21 de octubre de 2011, la dirigente zapoteca y Maribel Gónzalez Pedro fueron amenazadas de muerte por unos 50 trabajadores de una empresa responsable de la construcción de una granja eólica. Días más tarde, el 28 de octubre, miembros de la Asamblea de los Pueblos y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (Desarrollos Eólicos de México, subsidiaria de la española Renovalia Energy), realizaron una protesta en el tramo de la carretera panamericana que atraviesa la zona, mostrándose en contra de la construcción de las turbinas. De inmediato, otra comunidad favorable al proyecto comenzó a amedrentarlos. Ante la negativa de cese a la protesta, hombres armados con pistolas y machetes, incluyendo policías municipales, entraron en acción. ¿El saldo? Lucila Cruz y Juan Regalado Martínez fueron golpeados y amenazados de muerte; dos personas fueron asesinadas y miembros de la comunidad, incluida la propia Lucila, fueron falsamente acusados de ser los responsables directos de los homicidios.

A raíz de estos hostigamientos, el 14 de noviembre de 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó medidas cautelares para proteger a Bettina Cruz. A pesar de ello, su arresto injustificado hace unos cuantos días, procedió sin miramiento alguno.

Lo que se intenta demostrar brevemente es que la oposición a este tipo de megaproyectos por parte de los pueblos originarios, es expresa. A decir de los mismos, su construcción se está llevando a cabo sin consentimiento previo, libre e informado; requisito esencial que guarda la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Podrá ser la construcción de un parque eólico –con su anexo sobre las altas tarifas de la CFE- en el Itsmo de Tehuantepec, pero así mismo los pueblos nahuas, mixtecos o de forma más reciente y pública, los Wixárikas que han logrado ampararse ante el avance de la megaminería, son clara muestra y resultado que las comunidades indígenas y campesinas –no todas desgraciadamente-, exigen ser respetadas, escuchadas y consultadas, y en dado caso, considerar como finales sus decisiones a supuestos “proyectos de desarrollo” o de “explotación de la riqueza nacional” –en palabras de la PGR-, ajenos a sus necesidades.

En voz de la dirigente zapoteca:

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Tema: Blog, Derechos Humanos

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