Josué Mota

@motajosue

Una simple notificación está retrasando la resolución de una solicitud de amparo que podría devolver la libertad a dos defensores del agua que se encuentran presos por un delito presuntamente fabricado por autoridades ministeriales.

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, presidente auxiliar y juez menor de Paz, respectivamente, de la comunidad de Atla, perteneciente al municipio serrano Pahuatlán, fueron detenidos el 13 de enero de 2010, acusados de robar el vehículo de Abraham Aparicio Gómez, hijo de un cacique de la zona llamado Cristóbal Aparicio.

Desde ese día están presos en el penal de Huauchinango, y en julio de ese mismo año fueron sentenciados a siete años de prisión por el juez penal del distrito judicial de ese municipio. Tras la apelación de la sentencia, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla confirmó la sentencia pero redujo la pena a 6 años y 10 meses.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro intervino para asumir la defensa de los dos ciudadanos, y los abogados de esa organización Andrés Díaz y Araceli Olivos se hicieron cargo del caso, y uno de los primeros errores que notaron en el caso es que ninguno de los encarcelados tuvo derecho a un traductor, ya que la lengua materna de los detenidos es náhuatl, lo que constituye una violación a un derecho fundamental de cualquier persona acusada formalmente de un delito.

Andrés Díaz explicó a Lado B que se trata de la fabricación de un delito contra los dos ciudadanos que impulsaban un proyecto para dotar de agua potable entubada a la comunidad, que como muchas del estado y del país no cuentan con ese servicio. Desde el inicio del proyecto, el cacique Cristóbal Aparicio se opuso al proyecto y hostigó a los que lo encabezaban.

De esto resulta que el 22 de octubre de 2009 el hijo del cacique, Abraham Aparicio viajaba en su vehículo e intentó atropellar al presidente auxiliar, al juez menor de Paz y un grupo de campesinos que realizaban tareas comunitarias en el panteón de Atla.

Foto: Cortesía.

“Ante la agresión, las autoridades auxiliares llamaron por radio a la policía municipal, misma que asistió con el comandante al frente, el agresor, al ver a la policía se echó a correr y dejó su vehículo con la llave puesta, el comandante Carmelo Castillo, lo tomó a resguardó por abandono y lo trasladó al corralón municipal”, narra un documento elaborado por el centro defensor de derechos humanos.

“Al día siguiente, en Pahuatlán, José Ramón y Pascual levantaron un acta ante la Secretaría General del Ayuntamiento en la que expusieron los hechos. Al final, se llegó a un acuerdo por el que se devolvió el vehículo a Cristóbal y se le impuso una multa; se firmó un acta de conformidad en la Comandancia de Policía por el comandante Carmelo, José Ramón Aniceto, Pascual, Cristóbal Aparicio y su hijo Abraham. Aun así y a pesar de haber sido perdonados por las autoridades comunitarias, Cristóbal y Abraham jamás pagaron la multa. Diez días después, Cristóbal Aparicio interpuso una denuncia penal en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz. Los acusaba de haberle robado el vehículo con violencia”, según describe el documento.

Esta versión, la del cacique, fue la que avaló el Ministerio Púbico de Huauchinango y es la acusación que mantiene encarcelados a los dos ciudadanos. Ante ello, Andrés Díaz y su colega interpusieron la solicitud de un amparo, mismo que actualmente se encuentra bajo el expediente 527/2011, en el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Puebla. El abogado confía en que tras exponer el caso con los magistrados federales, y vistas las irregularidades en el proceso y la falsedad de la acusación, se obtendría el amparo.

Sin embargo, debido a que el cacique no ha sido localizado para notificarle del proceso de la solicitud de amparo, el proceso no avanza, y mientras tanto José Ramón y Pascual siguen encarcelados.

Este caso fue abordado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín  Pro Juárez, durante el foro “Indígenas Frente al Sistema de Justicia Penal”, realizado en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Ahí, el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, retomó los datos que arrojó la  Encuesta Nacional de Discriminación  2010, de Conapred: “En México somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y está enraizada en la cultura social. Sobre los grupos más excluidos y discriminados en el país, más del 70 por ciento de los encuestados señalaron que los más discriminados son los homosexuales, los migrantes y los indígenas, así que más del 70 por ciento de la población manifiesta que hay racismo”, finalizó.