Roberto Alonso*

A cinco años de la conmemoración de su centenario y como ha ocurrido en los últimos años a raíz de un aniversario más de su promulgación, la Constitución mexicana es objeto de análisis y reflexiones sobre su pertinencia, su utilidad y las reformas que la han acompañado y transformado desde 1917, año en que se promulgó el texto fundamental que le ha dado forma al país durante casi un siglo.

Para este debate las razones sobran. Al mes de octubre de 2011 se contabilizaban 530 reformas a la Carta Magna, mismas que equivalen a poco más de 5.5 reformas constitucionales anuales en los últimos 95 años de su existencia. De acuerdo con el jurista Diego Valadés, esta frecuencia ha impedido que se pueda escribir siquiera un tratado de derecho constitucional, complicándose no sólo su estudio sino su conocimiento por parte de los ciudadanos.

Independientemente de los artículos transitorios que también le dan sustento, uno se lleva sorpresas si le pregunta a la persona de al lado el número de artículos que tiene la Constitución. El desconocimiento, sin embargo, tiene a la vez sus explicaciones, las cuales van desde la simple ignorancia hasta la apatía que causa un documento continuamente intervenido y modificado. La Constitución está en permanente movimiento, expresa Miguel Carbonell en un agudo y justo ensayo sobre la incultura constitucional en la revista Nexos.

Por uno u otro motivo, lo cierto es que si bien sólo el 9% de la población afirma haberla leído en su totalidad, según una encuesta reciente de María de las Heras, las percepciones sobre su valor existen y son reales. Mientras que el 56% de los mexicanos piensa que sigue siendo adecuada aunque algunas de sus disposiciones ya no concuerdan con la vida actual, el 34% cree que ya no sirve para el México del siglo XXI.

Con base en la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 65% de la población asevera que conoce poco la Constitución y 27% reconoce que no la conoce.

Respecto al debate sobre su actualidad pueden identificarse dos bandos al menos. Por un lado quienes sostienen que hace falta un nuevo pacto social a nivel nacional que tendría como desenlace una nueva Carta Magna y, por el otro, aquellos que defienden la Constitución vigente y argumentan, incluso, que con una redacción nueva podrían perderse conquistas sociales de gran envergadura ante las condiciones económicas que han obligado en los últimos años al sacrificio de derechos sociales que -en su momento- fueron los que caracterizaron al texto constitucional en los inicios del siglo XX y la convirtieron en un referente a nivel internacional.

En esta línea se coloca Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien en la edición más reciente del suplemento “Enfoque” del periódico Reforma, puso en relieve que no ha llegado todavía el tiempo en el que la realidad imponga la necesidad de una nueva Carta Magna. A ésta, dice el actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se le atribuyen males que no le corresponden y que en realidad son vicios de la realidad política y social, como es el caso de la corrupción, la falta de rendición de cuentas, y la destrucción de la moral pública.

La Constitución, a decir de Carpizo, necesita reformas precisas para solucionar los problemas que lastiman al país, no obstante, acota, lo que en realidad es necesario es que tal y como está se cumpla, sobre todo en materia de justicia social.

Por su parte y partiendo de la misma aspiración, el también ex titular de la PGR, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, resalta que un nuevo texto constitucional supondría una victoria frente a las más de 500 reformas que han hecho que la Carta Magna haya pasado de 22 mil palabras en 1917 a alrededor de 55 mil palabras con disposiciones que deberían encontrarse en las leyes secundarias o al nivel de un reglamento, por ejemplo, el contenido de los artículos 20, 25, 27, 41, 73, 115, 122 y 123.

De no llevarse a buen término una refundación de la Constitución, apunta Valadés, las actuales condiciones que han deteriorado a la norma fundamental se seguirían profundizando, lo que complicaría más adelante un nuevo pacto social nacional. Y el propio Carpizo lo advierte: una nueva Constitución se genera cuando se presenta una coyuntura de ruptura jurídica, política y social, y ésta puede ser pactada o no pactada, es decir, de manera pacífica o por la vía de la violencia.

A pesar de las posiciones encontradas, Carpizo y Valadés coinciden en que la separación entre los postulados constitucionales y la realidad es dramática, de ahí que con ocasión de su 95 aniversario y a un lustro de sus cien años tenga más sentido, quizás, sumarse al llamado de quienes como Pedro Salazar han optado por superar el gatopardismo jurídico y la retórica constitucional con menos reformas y más cumplimiento.

Las últimas modificaciones constitucionales han prometido grandes cambios en materia de derechos humanos, procuración y administración de justicia, por mencionar algunos ámbitos sustanciales. Desafortunadamente, siguen pendientes leyes secundarias, ajustes institucionales y políticas públicas alineadas con los nuevos horizontes logrados en el plano constitucional. Si el Estado, en su totalidad y con una ciudadanía activa e interesada en los asuntos públicos -que por desgracia todavía se mantiene ajena a la vida pública e incluso con actitudes regresivas y autoritarias frente a los desafíos actuales-, se ocupara de atender los nuevos derroteros y cumplir sus alcances, el país estaría del otro lado.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla.

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