Foto: EEF.

Josué Mota

@motajosue

Once policías municipales de Acatzingo se encuentran rindiendo su declaración en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) luego de que la madrugada de este lunes César Natanael Maceda Torres, vecino de ese municipio, fuera asesinado a tiros durante una confrontación entre pobladores y uniformados. Además, según el secretario General de esa alcaldía, Gilberto Coca Lara, el edil Eliseo Braulio Zayas Jaen también se encontraba en la dependencia estatal.

De acuerdo con  la versión de algunos pobladores, uno de los responsables del homicidio de César Natanael Maceda Torres es precisamente el presidente municipal de Acatzingo, pues habrían sido sus escoltas los que le dispararon, como una venganza por anteriores enfrentamientos.

Al respecto, la tarde de este lunes la Secretaría General de Gobierno del estado emitió un comunicado en el que se apunta: “El Gobierno de Puebla actuará con todo el peso de la ley en contra de él o los autores materiales e intelectuales, del lamentable suceso ocurrido esta madrugada en el municipio de Acatzingo”.

Más adelante refiere: “El Ministerio Público (MP) realizó el levantamiento de cadáver, afuera de la presidencia de Acatzingo, de acuerdo al informe del MP la causa de la muerte al parecer fue derivada de lesiones provocadas por arma de fuego. Dando seguimiento a los sucesos, se inició la Averiguación Previa 318/2012/TEPEACA y la Policía Estatal puso a disposición de la PGJ a 7 policías de este municipio, quienes se encuentran en calidad de presentados” (sic).

Por la noche, el secretario general del ayuntamiento de Acatzingo, Gilberto Coca Lara, ofreció una rueda de prensa acompañado del director de Seguridad Pública, Gabriel Díaz Carranza, y en una primera declaración dijo que el edil Eliseo Braulio Zayas Jaen no había podido acudir al encuentro con los medios por asuntos de “su agenda”, pero luego dijo que éste se encontraba en las instalaciones de la PGJ.

Por su parte, Díaz Carranza narró una parte de lo que presuntamente ocurrió: dijo que la madrugada de este lunes  se recibió una llamada telefónica en la Comandancia de la Policía Municipal, a través de la cual se solicitó la presencia de los elementos en una calle aledaña al zócalo, hasta donde un grupo de policías se trasladó y pidió a las personas que se encontraban alterando el orden e ingiriendo bebidas embriagantes en la calle que se retiraran; sin embargo éstas se resistieron dando lugar a un enfrentamiento entre los uniformados y los pobladores.

Según el director de Seguridad Pública, en ese enfrentamiento resultó lesionado el comandante de Vialidad, Rafael Cortés, quien sufrió una fractura de tobillo. Posteriormente, un grupo de policías detuvo a una de las personas que supuestamente alteraba el orden y habría agredido al comandante y fue llevado al Ministerio Público.

Tras la gresca, dijo, un grupo de pobladores acudió a la presidencia municipal a manifestarse por abusos de la policía municipal, donde se dio un nuevo enfrentamiento con los agentes en el que resultó herido un regidor del Cabildo que fue golpeado en la cara, y mataron a Maceda Torres.

Sin embargo, Díaz Carranza no habló de las razones por las que se disparó contra César Natanael Maceda Torres, ni dijo si fueron los policías quienes dispararon, lo que sí tuvo que reconocer fue que 11 policías se encuentran en calidad de presentados en el Ministerio Público.

En reiteradas ocasiones se negó a confirmar si entre los policías detenidos se encuentran escoltas del presidente municipal pues dice que eso lo tiene que determinar la autoridad ministerial, pese a que él, por su cargo, debe saber quiénes son los agentes destinados a la seguridad del presidente municipal.

El funcionario reconoció, sin embargo, que la familia a la que pertenece la persona que falleció ha tenido diferentes confrontaciones con la policía municipal, pero aseguró que no fue durante su administración, sino durante la anterior.

Finalmente, aceptó que hay ingobernabilidad en el municipio derivada de este problema, y que la Presidencia está tomada por los pobladores por lo que solicitan al gobierno del estado que intervenga para garantizar la seguridad.