Foto tomada de jornada.unam.mx

La mañana de este lunes, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), José Cuitláhuac Salinas Martínez, dio a conocer que fueron elementos de la policía ministerial de Guerrero quienes dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) destaca que con base en evidencias e investigaciones científicas se conoció que la Procuraduría del Estado de Guerrero, presuntamente manipuló la investigación de los hechos en que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Señaló que las evidencias muestran que personal de esa dependencia estatal “incurrió en lo siguiente: primero una manipulación y falta de preservación de las evidencias; segundo una manipulación de las actuaciones”.

Asimismo, Salinas negó que haya funcionarios federales exonerados por el caso, informó Animal Político.

Giran 10 órdenes de aprehensión contra funcionarios 

La PGR obtuvo del juez 1 de Distrito en Guerrero 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos federales contra distintas personas, entre ellos el ex procurador estatal, Alberto López Rosas, por el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

De acuerdo con la orden de aprehensión PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011 en contra del ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, al funcionario ya le fue concedido un amparo.

Sin mencionarlo por su nombre, la PGR detalló que las órdenes de aprehensión fueron giradas también contra un civil, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de Ministerio Público y otro servidor público.

En un comunicado, la dependencia agregó que al ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se le señala por encubrimiento en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo.

Además se le imputan, al igual que a los servidores y ex servidores públicos implicados, delitos contra la administración de justicia, al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.

En cuanto al civil, la PGR indicó que se le señala por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas.

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