Foto: EEF.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Como si de broma se tratara, este miércoles el Congreso del estado recibió dos noticias, una buena y una mala: la buena, que la organización Fundar ubicó a la nueva ley de transparencia entre las cuatro mejores del todo el país; la mala, que la PGR decidió iniciar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos por un candado a la transparencia que dejó ahí.

La primera noticia fue dada a conocer durante la rueda de prensa que organizó Actívate por Puebla, el conglomerado que agrupa instituciones educativas, universidades y organizaciones ciudadanas, para anunciar que será retirada la piedra de 6 toneladas de peso que fue colocada el pasado 6 de abril frente al Congreso del estado y que representa el compromiso del poder Legislativo de impulsar un mejor ley de transparencia.

Aunque, puntualizó Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, la iniciativa que presentaron en conjunto el gobernador del estado y los diputados, si bien “incluye la mayoría de los planteamientos hechos por la red, también dejó fuera algunos elementos importantes: la eliminación de la secrecía en los fideicomisos que operan con recursos públicos, y la incorporación formal de las pruebas de daño y de interés público”.

Los integrantes del Nodo de transparencia también señalaron “que la ratificación del recurso de revisión, prevista en el artículo 77 de la ley aprobada por unanimidad es contrario al artículo sexto constitucional”.

Les aguan la fiesta

Pero la que pudo ser una fiesta para los legisladores que habían pedido el retiro de la piedra por el buen resultado obtenido a pesar de los señalamiento hizo agua cuando Lilia Vélez Iglesias, presidenta de la Amedi Puebla, dio a conocer que la PGR retomó la petición de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información (Comaip) y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Ingresos del estado.

La académica remarcó que la Comaip, el IFAI y la PGR, “tres organismos con una gran capacidad jurídica coincidieron en que los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos son contrarios a la Constitución. Eso debería llamar a los diputados a modificar la ley”.

Vélez Iglesias recordó que durante la discusión de la iniciativa que mandó el gobernador del estado se insistió en que esos dos artículos inhiben el derecho de acceso a la información, pero no fueron escuchados y el Congreso aprobó por mayoría la propuesta: “lo que lamentamos es que ante el señalamiento no hubo voluntad ni para analizarlo con mayor detenimiento”.

La ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) sostuvo que la decisión de la PGR puede considerarse como una “llamada de atención” al poder Legislativo local.

“El Ejecutivo, en las entrevistas que ha dado, ha dicho que se va a revisar, espero que se cumpla y no  haya que esperar a la resolución de la Corte. Si ya tenemos una ley de transparencia que mejora mucho la que teníamos, debería haber voluntad para quitar ese candado que dejaron en la Ley de Ingresos”, concluyó.
Oficio PGR 021 12