Foto: Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Los pueblos indígenas padecen un clima de discriminación racial, económica y social permanente por parte de los órganos de procuración y administración de justicia, concluyó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh (Centro Prodh) en un informe presentado este martes.

De acuerdo con esta organización, en el marco de una fallida «guerra» del Estado mexicano contra el crimen organizado, «los y las indígenas se vuelven chivos expiatorios con los que los órganos de justicia pretenden demostrar que están cumpliendo su deber de garantizar la seguridad de la población».

Ejemplos de lo anterior es el caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua del Estado de México condenado por el falso delito de secuestro a casi cuarenta años de prisión. Su caso actualmente se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando sentar paradigmas que impidan nuevas injusticias. En situación similar se encuentran José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuas de Pahuatlán, Puebla, quienes fueron sentenciados por un delito de robo que ni siquiera existió; todo esto, en represalia por haber defendido el derecho de su comunidad a contar con agua potable. Los casos de estos tres hombres, indígenas y en situación económica desfavorable están siendo atendidos por el Centro Prodh.

El informe que hoy se presenta tiene como sustento los problemas estructurales que aquejan al sistema penal mexicano y la vulnerabilidad en la que se sitúan los pueblos indígenas frente a éste, cuestión documentada y atendida en distintos casos de defensa integral del Centro Prodh.

Información: Cencos. Lea aquí el informe completo.