Foto: Joel Merino.

Josué Mota

@motajosue

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hicieron este lunes un llamado al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para que detenga por completo el proyecto de construcción del llamado libramiento norte y la expropiación de los campos de cultivo, ya que se perjudicaría a aproximadamente 3 mil personas de forma directa y a casi 10 mil personas de forma indirecta con este proyecto.

Claudia Rojas, una de las integrantes del Frente, dijo que de llevarse a cabo el proyecto de expropiación los campesinos de las zonas aledañas a La Malinche perderían 570 mil hectáreas, además si en esas tierras se construye un proyecto carretero la distribución de agua potable para esa zona y la capital poblana se vería seriamente perjudicada.

Por su parte, Israel Sampedro, de la Red de Derechos Humanos, dijo que la expropiación no debe llevarse a cabo porque el proyecto del libramiento norte no ha demostrado su utilidad pública, requisito legal para realizar un proceso de expropiación.

“Nosotros tenemos una hipótesis, el libramiento norte fue hecho para que se beneficiaran solamente empresarios de las constructoras y el gobierno, ya que en 2008, el gobierno de Mario Marín Torres concesionó de manera directa a la empresa Obrascón-Huarte y Lain (OHL), cuyo presidente es el empresario Juan Miguel Millar Mir, dueño de Grupo Millar Mir e Inmobiliaria Espacio, y que en nuestro país opera con OHL México, cuyo presidente es José Andrés de Oteyza”, señaló el activista.

Y añadió: “La concesión del Libramiento Norte es a 35 años, y como pasa con las concesiones, si a los 35 años OHL no logra la ganancia proyectada, la concesión se amplía y si no se cumplen las expectativas de OHL existe la figura de cancelación de concesión, posibilitando su acceso al llamado rescate carretero, y aunque el gobierno poblano ya les dio el derecho de vía para poder construir el “Libramiento Norte” primero OHL se tiene que capitalizar por medio del financiamiento de bancos, como los ha obtenido OHL de El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Banobras y Banorte, financiamiento que se paga con los beneficios obtenidos por el peaje. Es decir, solo ganan empresas y bancos, mientras el pueblo mexicano es el que se endeuda para dichos proyectos”.

Comentó que el libramiento norte sería un “negocio redondo” debido a que actualmente empleados de la empresa Alter Consultores de México realizan ofrecimientos a los campesinos para que vendan sus tierras a un precio de 300 pesos por metro cuadrado, con la intención de posteriormente venden esas tierras a precio superior para que se establezcan corredores industriales.

Claudia Rojas dijo que el año pasado la empresa Alter ofrecía sólo 6 pesos por metro cuadrado de tierra, y ahora, cuando se quiere iniciar nuevamente el proyecto ofrecen hasta 300 pesos.

Pero la situación para estos campesinos no para ahí, pues según la integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, durante el inicial proyecto de expropiación a algunos campesinos se les ofreció pagarles inicialmente una parte, inferior al 10 por ciento del precio fijado, pero el restante nunca fue pagado por lo que la expropiación en esos términos sería ilegal.

Sampedro dijo que este es el sexto llamado al gobierno para que se inicien los diálogos y que hasta ahora no han recibido respuesta, “no queremos un Atenco, queremos que se privilegie el diálogo, por eso urgimos al gobierno a que se detenga el proyecto”.