Brighitte Cuesta Sánchez atendió una llamada telefónica el mismo día en que un diario local informó en su primera plana que estaba muerta.

Foto tomada de vox.com.mx

Era su madre, que quería saber de ella, una conocida trabajadora sexual de 22 años, con extensiones rubias y provocativo pantalón negro, que conducía un Mini Cooper. Las dos se encontraron, se rieron y llamaron al diario para pedirle una corrección. Esa noche, sin embargo, Brighitte desapareció.

Dos días después individuos enmascarados arrojaron su cadáver y el de otras 34 personas en un boulevard céntrico durante una hora pico. Un cártel decía que los muertos eran miembros del cártel de los Zetas, asesinados por una organización rival.

El gobernador Javier Duarte dijo que la mayoría de las víctimas eran delincuentes con antecedentes. Los fiscales federales, en cambio, indicaron que unos pocos tenían antecedentes y que sus contactos con el crimen organizado eran mínimos. Casi tres meses después, ninguna de las víctimas ha sido identificada públicamente.

La madre de Brighitte, por su parte, afirmó que su muerte no tenía nada que ver con el narcotráfico y que parecía más bien un secuestro cuyos autores buscaban cobrar un rescate, pues había recibido la llamada de alguien que le exigió entregar el Mini Cooper.

Esta saga resume un poco lo que es México cinco años después de que el presidente Felipe Calderón le declaró una guerra frontal al crimen organizado: Abundan las matanzas masivas entre cárteles que luchan por sus territorios y muchos civiles caen en medio de la violencia; la policía no puede hacer mucho por poner orden ni investigar los crímenes.

Información de AP publicada en Animal Político. Lea el reportaje completo aquí.