Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Para el gobernador Rafael Moreno Valle la transparencia fue una promesa de campaña, y ahí se quedó. A nueve meses de iniciado el sexenio su propuesta de reforma a ley de transparencia aún no ha llegado al Congreso del estado, y a los diputados les quedan tan sólo tres sesiones –del tercero y último periodo del año— de trabajo en el pleno.

En cambio, ha enviado hasta el momento once iniciativas de las cuales siete han recibido luz verde sin mayores modificaciones.

La más reciente fue la Ley de Ingresos, que le fue aprobada el pasado jueves por el poder legislativo sin que se eliminara un candado económico a la entrega de información sobre la comprobación de gasto a pesar de las peticiones de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el derecho a la información y la transparencia.

Foto: EEF.

Mediante un comunicado, el gobierno estatal presume que como parte del paquete de iniciativas que ya ingresaron al Congreso está la tipificación el delito de feminicidio con una sanción de entre 50 y 70 años de prisión, el planteamiento a los legisladores estatales emitir un exhorto al Congreso de la Unión para que el 2012 sea declarado “2012: 150 años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional. 5 de mayo, Puebla”.

Otra de las propuestas del mandatario fue modificar el Código de Defensa Social para permutar la pena de cárcel por un tratamiento psiquiátrico a las mujeres que aborten. La iniciativa fue enviada a la congeladora legislativa tras la polémica que suscitó.

También está pendiente la discusión y aprobación de la Ley de Egresos del próximo año.

Ya está, pero no llega

El 1 de septiembre, Rafael Moreno Valle anunciaba durante la inauguración del Seminario de Protección de Datos Personales de Niños y Adolescentes, organizado por la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), que estaba por presentar su iniciativa de ley de Transparencia.

Unos días después la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) le recordaba al mandatario su compromiso de “impulsar decididamente una nueva ley de transparencia en el estado que se ubique entre las cinco mejores del país”.

El presidente del organismo no gubernamental, Rafael Hernández García Cano, insistió en que no se trataba únicamente de corregir las deficiencias que tiene la ley vigente “sino de ir más allá” y, con base en este compromiso, “lograr que Puebla sobresalga en el escenario nacional por las mejores prácticas en la materia”.

Tomada de comunicacionsocial.puebla.gob.mx

Un mes después el 17 de octubre, el mandatario aseguraba durante la inauguración de la Semana de Transparencia, organizada también por la CAIP, que ya la ley ya estaba terminada.

El mandatario especificaba que el proyecto ya estaba terminado “y, en este momento, se encuentra en la etapa de cabildeo para su aprobación en el presente periodo de sesiones del Congreso Local, con el aval de todas las fuerzas políticas, lo que constituirá un ejercicio inédito”.

Pero un mes y medio después la propuesta aún no ha llegado al seno del Congreso.

Transparencia cara en todo el país

Ayer, el diario El Universal publicó un reportaje en donde se explica que la estrategia de evitar la transparencia elevando el costo del acceso a la documentación oficial no es exclusiva de Puebla, pues como se recordará, el gobierno de Moreno Valle con el aval de la mayoría del Congreso mantuvieron en la Ley de Ingresos una cláusula, que fue incluida desde el sexenio de Mario Marín, para limitar el derecho a conocer la información sobre el gasto público al imponer un costo de 80 pesos por hoja a esa documentación.

“El tener derecho a información pública gubernamental puede costar dinero y mucho, a pesar de que esto inhiba las solicitudes de información que presentan los ciudadanos y se desista de querer obtener la documentación. En el caso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cobros van hasta los 900 mil pesos, dependiendo del tipo de solicitud de información”.

“Pero no sólo los tres poderes gubernamentales cobran por entregar información, ya que las entidades del país también tienen diferentes tarifas para otorgar documentos públicos”.

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