El pasado miércoles fueron liberados los 31 campesinos integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), originarios del municipio de Chignahuapan, Puebla, que fueron enviados a prisión a finales de agosto por el presunto despojo de un terreno de 400 hectáreas.
Las mujeres y hombres, ancianos en su mayoría, salieron libres tras pagar una multa de 12 mil pesos por los daños ocasionados a algunas patrullas de la Policía Estatal el día que fueron desalojados del predio “Ciénega Larga”, junto con otras 500 personas, el cual reclaman como suyo los políticos priistas locales, Lorenzo y Amado Rivera Sosa, informó en su versión online, La Jornada de Oriente.
Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que aún existe otra denuncia presentada el 8 de agosto de este mismo año por José Pedro Nava Herrera, cuñado del ex diputado priista de la pasada Legislatura local, Lorenzo Rivera.
En ésta se acusa a los 31 detenidos, al líder de la UNTA, Magdaleno Ríos Pérez; a los abogados Hugo de la Vega y Eduardo Ponce, así como a 250 personas más de la comunidad de Lázaro Cárdenas, también en Chignahuapan, de “despojo”, “invasión de propiedad ajena”, “asociación delictuosa” y “amenazas”.
La denuncia, de la cual este diario cuenta con una copia, sólo tiene un sello de recibido en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en ese municipio el pasado 8 de agosto, por lo que los 31 ejidatarios podrían regresar a prisión, y el resto de los ahí señalados podrían ser capturados, reconoció por separado el líder de la UNTA, Magdaleno Ríos Pérez.
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