Josué Mota
La noche del pasado sábado alrededor de 300 personas intentaron linchar al grupo de policías ministeriales que trabajan en el municipio San Juan Ixcaquixtla, los pobladores incendiaron un camioneta que pertenece a esa corporación policiaca y amagaron con quemar las instalaciones de la Comandancia, pero un operativo de la Secretaría Seguridad Pública controló las agresiones.
El intento de linchamiento se dio luego de que el policía ministerial Reynaldo Martínez Alcántara disparara en varias ocasiones hasta matar a David Barrera Antonio cerca de la plaza pública de San Juan Ixcaquixtla, luego de que discutieran y se golpearan, presuntamente por problemas de tipo pasional.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:30 de la tarde y tras la agresión el agente ministerial huyó de la población. Cuando la noticia llegó a los pobladores se juntaron y acudieron a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Ministerial para exigir que les fuera entregado el policía que acabó con la vida de David Barrera Antonio. Como no obtuvieron lo que querían y ante la falta de una explicación de las autoridades sobre lo ocurrido, los habitantes quemaron una camioneta de los ministeriales y se mantuvieron afuera de la Comandancia amenazando con quemar también las instalaciones.
Posteriormente, policías estatales dispersaron a los pobladores y a través de un retén carretero detuvieron al agente Reynaldo Martínez Alcántara que hasta la noche de este domingo continuaba rindiendo su declaración ante el Ministerio Público en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia en Puebla.
Otro de los policías ministeriales resultó herido durante la agresión de los pobladores y se encuentra hospitalizado.
También se inició la averiguación previa 503/2011/Tepexi de Rodríguez por los ataques a la Comandancia, las heridas producidas al agente y los daños al vehículo oficial, pero hasta ahora ningún poblador ha sido detenido.
La Procuraduría General de Justicia ha informado que en las próximas horas se determinará la situación jurídica del agente detenido y quien presuntamente es responsable del homicidio.
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