Mely Arellano

@melyarel

Foto: Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Puebla. José Ramón y Pascual no sabían el costo que habrían de pagar por llevar agua a su comunidad. Hoy duermen en la cárcel y pesa sobre ellos una pena de 6 años, 10 meses y 20 días.

Ambos son campesinos indígenas nahuas de Atla, en el municipio de Pahuatlán, al norte del estado.

Los hechos por los que purgan condena nunca sucedieron, pero la falta de un intérprete que les explicara en su idioma y cultura las preguntas hechas por el juez, así como la vulnerabilidad del sistema de justicia en el que privan los influyentismos y la compra de juzgadores y testigos, los hicieron víctimas de un cacique.

“El 22 de octubre de 2009, Abraham Aparicio –hijo de Cristóbal Aparicio Gómez, ambos pertenecientes al grupo caciquil de Atla encabezado por Guillermo Hernández Cruz–, intentó atropellar a las autoridades comunitarias y al grupo de jornaleros que volvían del trabajo comunitario. José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz llamaron a la comandancia de la policía y Abraham huyó, mientras el vehículo de su padre se quedó bloqueando el camino de Atla a Xolotla.

“El día 28 de octubre, ante la autoridad judicial de Pahuatlán, José Ramón y Pascual otorgaron el perdón a Abraham. Sin embargo, el día 13 de enero de 2010 fueron detenidos por elementos de la policía estatal, acusados de haber robado el auto de Cristóbal. Desde entonces permanecen en el Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, a pesar de su inocencia, por un delito fabricado con declaraciones contradictorias”, denunció este martes el Centro Miguel Agustín Pro Juárez .

En el 2008, José Ramón y Pascual fueron elegidos por usos y costumbres como Presidente Auxiliar y Juez Menor de Paz de Atla, respectivamente, cargos por los que no recibían retribución económica. Ante un problema de más de tres décadas por llevar el agua hasta su comunidad, encabezaron una rebelión contra el cacique de la región e impulsaron un proyecto para entubar y distribuir el agua.

Varios fueron los intentos del grupo caciquil –que durante años se benefició del control del agua- por obstaculizar los trabajos de José Ramón y Pascual, pero ni las amenazas, ni las agresiones y provocaciones lo consiguieron.

En rueda de prensa, organizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría sj de la Universidad Iberoamericana, los abogados del Centro Miguel Agustín dieron a conocer que con el encarcelamiento de los defensores comunitarios del agua se están violando los derechos de legalidad y seguridad jurídica, por la fabricación de un proceso por parte del Ministerio Público; sus garantías judiciales, por la violación al principio de presunción de inocencia, a una defensa adecuada y la valoración de pruebas. Violan también su derecho a la no discriminación, por la imputación falsa del delito y abuso del sistema de justicia penal en virtud de su identidad indígena; y su derecho al agua, a defenderla y promocionar el derecho de todos y todas a ella.

José Ramón y Pascual se encuentran en el Centro de Readaptación Social de Huauchinango desde el 13 de enero de 2009 y, de acuerdo con declaraciones de una de sus abogadas, Araceli Olivos, el juez penal del Distrito de ese municipio y quien dictó la sentencia condenatoria, Juventino Hernández Flores, habría sido cesado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

“El hostigamiento, las agresiones y la criminalización de los defensores de derechos humanos no son casos aislados, sino una práctica recurrente para inmovilizar su labor. Nos preocupa la anuencia de las atoridades para incriminar a quienes promueven y defienden los derechos humanos, así como las intimidaciones y agresiones hacia sus familiares”, expresó Iliana Galilea Cariño, del Instituto Ellacuría.

Conozca el caso de José Ramón y Pascual completo y documentado.
Agua y Libertad