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Redes Ciudadanas exigen la liberación de los defraudados de Sitma
 
Por Lado B @ladobemx
06 de octubre, 2011
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  • Podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas
  • El presupuesto 2011 no contempla pago a defraudados

Foto: EEF.

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Por actos de represión, integrantes de Redes Ciudadanas no descartaron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar un juicio contra el secretario de Seguridad Pública del Estado, Ardelio Vargas Fosado, luego que ordenó el repliegue violento de defraudados de cajas de ahorro quienes se manifestaban frente a Casa Aguayo el pasado martes.

Adolfo Gómez Zamora y Tomás Díaz Macedo lamentaron la nula disponibilidad del gobierno estatal para entablar el diálogo, así como la falta de tolerancia del funcionario estatal para permitir la libre expresión y el derecho a manifestarse.

De continuar con estas prácticas, las Redes Ciudadanas auguraron que la forma de gobernar de Rafael Moreno Valle despertará molestia entre la población e incluso podría motivar la creación de un movimiento en contra de sus prácticas de gobierno.

En el mismo tenor, los activistas adelantaron que el próximo lunes convocarán a una nueva manifestación en caso que las 4 personas que fueron detenidas el pasado martes en el desalojo encabezado por la dependencia a cargo de Ardelio Vargas continúen en prisión.

Advirtieron que además de la liberación de los defraudados, el propósito de la marcha será dar a conocer a los poblanos los antecedentes represivos del funcionario, sobre todo los que encabezó en Oaxaca y en San Salvador Atenco dónde también hubo actos violentos contra manifestantes, los cuales fueron investigados por organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Ante este escenario, pidieron la intervención del Congreso del Estado para que investigue el destino de la partida etiquetada en el Presupuesto de Egresos 2011 que –aseguran- resarciría parte de los ahorros de los defraudados.

Cabe recordar que el conflicto se generó el pasado 4 de octubre cuando afectados por cajas de ahorro e inmobiliarias se manifestaban frente a Casa Aguayo.

Los asistentes exigían diálogo con el Ejecutivo estatal, pero la no obtener respuesta satisfactoria decidieron cerrar el Bulevar 5 de Mayo y la 14 Oriente.

Según la Secretaria General de Gobierno, esta acción “violentó el Estado de Derecho por lo que fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP)”.

Tras el desalojo, la SSP reportó el aseguramiento de Alfredo Sánchez Fuentes, Antonio Bolaños Matamoros, Alfredo Hernández Juárez y Justino Ríos Aguilar, quienes “fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación”.

Foto: EEF.

Presupuesto 2011 no contempla recursos para defraudados

Las Secretarías General de Gobierno y de Finanzas rechazaron que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 contemple una partida especial para rembolsar parte de los ahorros de los defraudados por Cajas de Ahorro, como aseguraron los afectados.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que no existen los 20 millones de pesos para afectados de Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz.

Las dependencias estatales recordaron que la administración marinista sí autorizó recursos para defraudados por Financiera Coofia pero esto se consideró en el Presupuesto 2010.

Para el próximo año, el gobierno morenovallista etiquetará una partida de 22 millones de pesos para cubrir las afectaciones de ahorradores defraudados por Sociedades Cooperativas de Ahorro, es decir, Bienestar Social La Paz y Cooperativa Vivienda Popular-Juntos Organizados Venceremos (JOV), quienes podrán disponer del recurso siempre y cuando cubran los requisitos establecidos en las reglas de operación del Fideicomiso Pago (Fipago).

Quienes se quedarán sin el apoyo serán los afectados por las empresas inmobiliarias de inversión: Invergroup, Burcap, Comsbra, Sitma e Inverbien, debido a que la ley no contempla un programa de apoyo pues se considera que los afectados no son ahorradores sino inversionistas que incursionaron en un negocio que fracasó.

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