Este domingo se cumplió un aniversario más de la matanza de Tlatelolco, el trágico dos de octubre de 1968. A cuarenta y tres años de aquella terrible represión, es difícil no relacionarla con lo que vivimos hoy en día. Pensemos primero, en la impunidad que se ha sufrido en México en las últimas décadas. La de Tlatelolco fue una masacre ampliamente documentada, y sin embargo, a la fecha no hay quienes hayan sido castigados.

La Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp) solicitó en 2005 la aprehensión de Luis Echeverría y otros funcionarios considerados sospechosos de haber ordenado la matanza, entre otros, se pidió la detención de los generales Luis Gutiérrez Oropeza, quien era jefe del Estado Mayor Presidencial y de Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía del Distrito Federal; así como la de Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). De todos ellos, la mayoría están o muertos o considerados ancianos con “incapacidad mental”, pero todos han quedado impunes.  La Femospp fue un rotundo fracaso, y se cerró al año siguiente.

Habría que insistir en que los que viven, a pesar de ser ancianos, paguen por su delito, pues la idea no es estar castigando represores y genocidas, la idea es que no haya represores y genocidas que castigar, y lo anterior sólo se conseguirá si los gobernantes y funcionarios saben que hay consecuencias a sus actos. En ese sentido, insistir en que se juzgue y castigue a Echeverría no es solo una búsqueda de justicia para los estudiantes asesinados en Tlatelolco y las demás víctimas de su guerra sucia, es también sentar un precedente, para que sepan los actuales gobernantes que se les puede juzgar por sus actos.

Es para que sepan Felipe Calderón y su gabinete que se les puede juzgar por las arbitrariedades de su guerra contra el narcotráfico, para que sepan los Mario Marín, los Ulises Ruiz y tantos gobernantes represores que no pueden hacer lo que se les viene en gana. Se trata de una cuestión de pragmatismo además de, por supuesto, descargar un poco del dolor que pesa sobre los familiares de las víctimas de tantas y tantas atrocidades.

Dos de octubre no se olvida, pero tampoco se olvida la guerra sucia que inició en Tlatelolco y que según datos del Comité Eureka existen 530 expedientes de personas desaparecidas (557 hasta la fecha). No se olvida, la masacre de Acteal, las constantes represiones a las comunidades zapatistas, no se olvida la represión de San Salvador Atenco ni la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ambas encabezadas por otro gran impune, el actual Secretario de Seguridad Pública de nuestro estado,  Ardelio Vargas Fosado. No demos olvidar los casos de Marisela Escobedo, de la familia Reyes Salazar, ni debemos olvidar los treinta mil muertos producto de la guerra contra el narco de Felipe Calderón.

La represión del dos de octubre fue llevada a cabo por el Ejército mexicano; hoy, que se encuentra desplegado por todo el país realizando labores policiales, es importante recordar la forma en que es capaz de actuar esta institución. También hoy que se quiere aprobar una Ley de Seguridad Nacional que contempla ampliar las facultades de la policía y el ejército (intervenciones telefónicas, revisiones arbitrarias, torturas), que pretende además, facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior, resulta necesario recordar esta terrible matanza.

La memoria es una herramienta necesaria para la sociedad civil que busca vivir en un país más habitable; el olvido, nuestro peor enemigo ante las arbitrariedades de nuestros gobernantes.

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