Marcos Nucamendi / Amnistía Internacional Puebla Grupo 72

A la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011)

El pasado 13 de octubre, las luces del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México se apagaron; en su lugar, cientos de pequeñas flores solidarias se encendieron en respuesta a las más de 14 mil niñas y mujeres nicaragüenses que, entre 1998 y 2008, denunciaron ser víctimas de violación sexual. Activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional exigieron apropiados programas de protección a las víctimas, así como el acceso irrestricto a los servicios de rehabilitación e interrupción del embarazo a quienes hasta ahora les son negados.

Ya en 2010, Amnistía Internacional publicaba Escucha sus voces y actúa: No más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua, informe detallado que estudia los casos de las sobrevivientes que tratan de superar las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia. Asimismo, señala la clara falta de ayuda por parte del Estado, cuya única tarea ha sido la de responsabilizar a las víctimas de su tragedia, dejando en libertad a los agresores y más grave aún, dejándolas a su suerte al no permitirles optar por la interrupción del embarazo, aun cuando su vida corra peligro; ya no se diga tan sólo por el hecho de haber sido violadas.

Nicaragua, es tan sólo uno de los países que penaliza el aborto o interrupción del embarazo en todas sus formas. Impulsado por la Iglesia Católica y sectores conservadores de la sociedad, dicha ley fue sancionada en 2008 y a la fecha suman cuatro los órganos de Naciones Unidas que se pronuncian a favor de su derogación; entre ellos, el Comité contra la Tortura, que tiene a su cargo el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas que lleva el mismo nombre y a la que, por supuesto, Nicaragua se ha suscrito.

Invocando esta responsabilidad internacional, aunque siempre premiando la no violación a los derechos humanos, Amnistía Internacional, en el marco de la celebración de sus 50 años a nivel mundial y sus 40 años a nivel nacional, refrenda su compromiso en la defensa de las niñas y mujeres nicaragüenses, exigiendo al gobierno encabezado por Daniel Ortega, la pronta solución a tan lamentable situación.

A propósito de las leyes análogas que en 18 Estados de la República han venido afianzándose, criminalizando en mayor o menor medida la interrupción del embarazo, Amnistía Internacional considera que la prohibición total del aborto en Nicaragua, en todo el continente y en todo el mundo, es una clara violación a los derechos humanos de las mujeres. Si bien no ha habido mayor pronunciación sobre el caso mexicano, se espera que uno de los casos en Nicaragua pueda ser tomado por la Corte Interamericana de Naciones, lo que resultaría en una resolución claramente vinculante, como de por sí ya lo son muchos de los tratados y convenciones que tanto Nicaragua como México, han ratificado.

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