Lado B

Frank La Rue. Foto tomada de http://www.larepublica.pe

México se mantiene como el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, y quinto a escala mundial, esa fue de las conclusiones que presentaron los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Frank La Rue y Catalina Botero tras visitar el país en agosto del año pasado.

En el informe que fue dado a conocer el pasado martes Catalina Botero apuntó que la gravedad de la situación para la prensa en México se explica en las cifras de violencia: de 2000 a 2010, 70 periodistas fueron asesinados y, en lo que va de este año, se han contabilizado ya 13 crímenes.

“No conocemos decisiones que permitan suponer que se está superando la gravísima situación de impunidad”, advirtió la relatora, quien recomendó que dentro de los planes estratégicos para la seguridad pública se considere incorporar una política de libertad de expresión.

Botero insistió en que para que la lucha que emprendió el gobierno de Calderón en materia de seguridad tenga éxito se debe considerar a los periodistas, pues “son ellos quienes informan de la captación de las mafias, de los abusos de la fuerza pública, pueden saber si el combate a la delincuencia se hace de forma democrática y civilizada, con pleno respeto a derechos humanos; los periodistas y los medios de comunicación más críticos son auxiliares de la justicia y no deben ser vistos como enemigos”.

Los relatores coincidieron en que a pesar de que el gobierno de Calderón Hinojosa argumenta que la autoría de los homicidios de comunicadores reside en el crimen organizado, ellos pudieron documentar casos en que los responsables de las agresiones fueron agentes del Estado.

Botero recordó que en Colombia, en los momentos más álgidos de la violencia por el crimen organizado, el gobierno recurría al mismo discurso que su par mexicano para explicar los asesinatos de periodistas, pero que tras investigaciones, 30 funcionarios públicos fueron ubicados como autores intelectuales de los crímenes.

En el documento se apunta que desde que fue creada la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se abrieron 143 investigaciones, pero hasta ahora “no ha logrado la sanción penal de un solo responsable, y únicamente ha consignado cuatro casos”.

De acuerdo con el informe, los estados en las que se reportan “agresiones extremas” son Chihuahua, Guerrero y Sinaloa.

Los funcionarios de los organismos internacionales también consideraron un avance la firma del Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas, en noviembre de 2010, pero lamentaron que a la fecha no se haya creado el mecanismo de protección efectiva, por lo que urgieron a considerar temas como la prevención, protección y procuración de justicia, como los elementos que compongan dicho mecanismo.

Además deploraron que la única autoridad que tiene un registro de las agresiones a periodistas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, de 1999 a la fecha, ha documentado 720 quejas. De éstas, 539 corresponden a hechos ocurridos de 2005 a la fecha.

ONU Libertad de Expresión en México

El informe reporta cinco agresiones contra periodistas poblanos, sólo en uno de los casos se señaló como responsables a presuntos integrantes del crimen organizado.