Roberto Alonso*

Sí, Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo) difundieron rumores, sobre actos de violencia que suscitaron una movilización inusual, de manera imprudente e irresponsable. Con descuido, contribuyeron a generar una atmósfera de histeria y pánico al alertar a la población veracruzana, particularmente a padres de familia, de ataques por parte de grupos del crimen organizado en escuelas de Boca del Río.

Pero equiparar esto con actos de terrorismo y calificarlo como sabotaje es desmedido, absurdo y sumamente peligroso si se analiza este correctivo como un castigo ejemplar que busca escarmentar a los usuarios de las redes sociales en un momento en el que la seguridad pública de Veracruz se encuentra amenazada.

Y no es para menos. Los tuiterosen cuestión podrían enfrentar penas de hasta treinta años en prisión, multas de hasta 750 días de salario mínimo y la suspensión de sus derechos políticos hasta por cinco años, según lo establece el artículo 311 del Código Penal de Veracruz.

Considerando el clima de temor prevaleciente en dicho estado, los asesinatos de periodistas y recientes ataques contra la sociedad, como el artefacto explosivo arrojado el pasado 14 de agosto a plena luz del día a las afueras del Acuario del Puerto de Veracruz con un saldo de un muerto y tres heridos, los mensajes difundidos en Twitter habría que enmarcarlos dentro de una estrategia utilizada en la red de microblogging para alertar sobre actos de violencia y protegerse de ellos.

En estados del norte del país como Tamaulipas y Nuevo León, estas prácticas son recurrentes entre los usuarios de las redes sociales. Aunque como reflexiona Raúl Trejo, en otras entidades como Morelos estas formas de comunicación han sido utilizadas deliberadamente para generar psicosis y alarma.

Cierta o no, información como esta cobra importancia en contextos en los que la versión oficial de los hechos es escasa o desafortunada, de tal modo que ante la duda y la evidencia empírica, la información no oficial es reproducida e incluso repercute en la percepción social. Tratándose de rumores, estos crecen y se propagan rápidamente en la medida en que no existe información sólida pronta y suficiente, y más todavía si el tema impacta directamente en la vida de una colectividad. En este sentido, si los gobiernos desean evitar la información errónea o desmentirla deben informar a tiempo y no ocultar sucesos que tarde o temprano saldrán a la luz pública. Es responsabilidad del gobierno, en línea con lo manifestado por Amnistía Internacional, ofrecer información correcta y confiable para proteger a la población desde una política de comunicación efectiva.

El pasado 5 de septiembre, apenas once días después de la difusión de los mensajes que constituyeron la prueba para el auto de formal prisión contra Martínez Vera y Bravo Pagola, un grupo armado agredió a cinco personas en el centro histórico del Puerto de Veracruz, lo que confirma un ambiente propicio para dotar de credibilidad a los rumores que se transmiten en las redes sociales alrededor de actos violentos.

Así, la detención de @gilius_22 y @maruchibravo puede leerse como un desafío a la libertad de expresión a través de un uso faccioso de la ley -como lo ha señalado la Oficina de Article 19 para México y Centroamérica-, toda vez que es ilógico y desproporcionado tratar por igual la desinformación y el terrorismo. Por supuesto que ni la libertad de expresión ni ninguna otra libertad constituyen un derecho absoluto, no obstante, desinformar o difundir rumores, aun irresponsablemente, no son sus límites, no en este caso.

Frente a la ventaja de las redes sociales, la tentación de limitar la libertad de expresión mediante el control sobre la información que se publica en ellas supone un rasgo autoritario al que hay que cerrarle el paso. De ahí el carácter emblemático del caso y que resulte importante exigir la libertad de Martínez Vera y Bravo Pagola.

El 23 de agosto de 1927, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en Estados Unidos tras ser acusados de dos asesinatos y un robo a mano armada. Las pruebas presentadas fueron de dudosa autenticidad y el proceso judicial estuvo plagado de serias irregularidades. A pesar de las protestas en diversos países, la silla eléctrica fue el castigo que recibieron estos dos inmigrantes italianos por ser pobres, extranjeros y anarquistas.

Muy grave sería que con decisiones y castigos ejemplares como el de Veracruz se estuviera preparando el terreno para un ejercicio autoritario del poder.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

Columnas Anteriores

[display-posts category=»con-copia-para» posts_per_page=»-1″ include_date=»true» order=»ASC» orderby=»date»]