• Es un hecho que elementos de las corporaciones policiacas cometen, fabrican y encubren delitos; y aunque el gobierno estatal anunció que el Centro de Control de Confianza ya tiene aval de las autoridades federales, aún no hay fecha para que empiece a funcionar

Josué Mota

@motajosue

La noche del pasado 22 de julio la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizó  17 diligencias de cateo «con el fin de rescatar a menores de edad que pudieran ser explotados laboral y sexualmente», el operativo arrojó la detención de ocho personas, entre ellas un agente de la Policía Estatal Preventiva en activo.

Foto tomada de: pgr.gob.mx/

La noticia llegó a los medios de comunicación cuatro días después, el 26 de julio, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) emitió el Boletín 945/11 dando cuenta del rescate de ocho menores de edad que eran víctimas de explotación sexual y laboral.  Coincidentemente respecto de los ocho detenidos la Secretaría de Seguridad Pública estatal guardó silencio, quizás porque en la lista figuraba el del policía en activo: Margarito Cecilio Rojas Sánchez.

De acuerdo con fuentes consultadas sobre este caso, desde mayo de este año -es decir, antes del operativo- la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) ya realizaba investigaciones sobre una red de explotación sexual de menores en bares de Puebla, San Andrés Cholula y Atlixco; sin embargo, fueron las autoridades ministeriales federales quienes intervinieron en la investigación y tras obtener los permisos realizaron los 17 cateos en una sola noche.

Los seis bares asegurados son «Vértigo», «Jarocho», «Impacto», «Texas», «Cazador» y «Adrenaline» en los que se hallaron seis armas cortas, una larga con dos cargadores y 15 cartuchos cada uno, 550 cartuchos de diferentes calibres y pequeñas bolsas con lo que se presume es cocaína.

Las niñas que eran explotadas fueron regresadas con su familia y las ocho personas detenidas fueron arraigadas sus nombres son: José Juan Domínguez Ledo, Sergio Rosales González, Esteban Ledo Jiménez, Martín Gildardo Coliente Zacatzi, Agustín Alfredo Luna Pérez, Óscar Luna Luna, Álvara Díaz Vázquez y Margarito Cecilio Rojas Sánchez.

Foto tomada de: pgr.gob.mx/

Los informantes confirmaron que este último era Policía Estatal Preventivo en activo al momento de la detención y que presuntamente estaría acusado de pertenecer a una banda dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores de edad, incluso señalaron que fue acusado de haber “comprado a una niña de 14 años por 4 mil pesos” en otro estado, aunque aún no ha sido confirmado.

Lado B realizó una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre Margarito Cecilio Rojas Sánchez, y sólo tras agotar el máximo de los tiempos legales arguyó que no puede dar información del agente porque se encuentra bajo un procedimiento judicial y no se le ha dictado sentencia.

La respuesta textual de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a la solicitud de información 00282411: “De conformidad con el artículo 12 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, hago de su conocimiento que en este caso en específico la información solicitada se encuentra sujeta a un proceso de investigación por lo que esta Secretaría clasifica la información generada en los procedimientos llevados a cabo en forma de juicio, hasta que exista una resolución definitiva y ejecutoriada así como de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva y haya causado ejecutoria. No sin omitir, que por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública, también se clasifica como Reservada la información generada en los procedimientos seguidos en forma de juicio, hasta que exista resolución administrativa definitiva y ejecutoriada, así como la información contenida en los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado resolución definitiva y haya causado ejecutoria”. La clasificación de la información es debido a un acuerdo firmado por el extitular de esta dependencia Mario Ayón Rodríguez en 2010, según se informó.

Los informantes han señalado también que el policía estatal fue detenido con su arma de cargo.

La dependencia no ha informado qué sucederá con el agente: si fue dado de baja o bien si se ha iniciado un proceso para depurar a la corporación de agentes acusados de cometer varios delitos. Porque este caso no es el único.

Robo de vehículos y extorsión

A finales de 2010, se dio a conocer que dos policías estatales preventivos, Uri Quezada Carmona e Iván López Arroyo fueron detenidos por delitos de robo de vehículos y extorsión. Ambos pertenecían al llamado “grupo de inteligencia” de la ahora extinta Policía Metropolitana, a cargo en aquel entonces del subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Karam Beltrán.

Cuando se dio a conocer la detención de los agentes, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no informó cuál era su situación legal y ni siquiera se reconoció que eran agentes policiacos, aunque posteriormente la Secretaría de Gobernación lo hizo. Posteriormente se dio a conocer en los medios de información que  Uri Quezada Carmona incluso había fungido como escolta de Jesús Morales Rodríguez, quien estuvo a cargo de la Policía Metropolitana y hoy es director de Protección Civil del estado.

Lenocinio

Cuatro meses antes, en julio de 2010, se dio a conocer que cuatro agentes de la Policía Metropolitana habían dejado escapar a un sujeto que ellos mismos señalaron como una persona dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

El detenido incluso fue boletinado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y se consignó: “Elementos de la Policía Metropolitana lograron asegurar a Sergio Guzmán Jiménez de 34 años de edad  y originario de Tlaxcala, quien presuntamente a través de engaños privó de la libertad a 2 menores de edad del sexo femenino a quienes al parecer pretendía prostituir”.

Pero la persona nunca llegó ante el Ministerio Público porque los agentes de la Policía Estatal Preventiva lo dejaron escapar, nunca hubo una sanción contra ellos y continuaron laborando en la corporación.

Fabricación de delitos

Apenas el 21 de septiembre pasado otro presunto caso de abuso policial y comisión de delitos por parte de los agentes fue denunciado a los medios de comunicación: la señora Ana Cruz Kauffmann denunció que policías estatales preventivos ingresaron a su casa, la revisaron y la mantuvieron detenida y amenazada sin que se le mostrara una orden de cateo o se le informara oficialmente de qué era acusada.

Dijo que su hijo José Alberto Jaquin Kauffmann fue detenido y ninguna autoridad les informó cuál es su situación jurídica ni las razones por las que fue detenido.

Fue hasta este domingo cuando la PGJ dio a conocer que la detención de Jaquin Kauffman es por estar presuntamente relacionado con el delito de robo a casa habitación, pero asegura que policías estatales preventivos los detuvieron a bordo de una camioneta junto con sus presuntos cómplices; sin embargo la madre y la esposa del detenido afirman que fue sacado de su casa.

Prometen depurar, pero no dicen para cuándo

Las fuentes consultadas señalaron que los agentes que pertenecieron al llamado grupo de inteligencia de la Policía Metropolitana siguen operando en la Policía Estatal Preventiva, pese a que ese grupo ha sido muy cuestionado por cometer diferentes delitos y “fabricárselos” a personas detenidas.

Apenas el 8 de septiembre se dio a conocer que el Centro de Control de Confianza para Puebla ya fue avalado por las autoridades federales, no se ha dicho cuándo comenzará a hacer las pruebas a los policías.

Desde el inicio de este sexenio no se ha informado cuáles son los resultados de las pruebas de control de confianza a los policías estatales preventivos.