El 26 de agosto de este año el gobierno de Veracruz que encabeza Javier  Duarte Ochoa decidió encarcelar a María de Jesús Bravo Pagola y a Gilberto Martínez Vera por los delitos de terrorismo y sabotaje.   Una detención con estos delitos en ese día podría hacer que cualquiera pensara que ellos eran los responsables de provocar el incendio del Casino Royale de Monterrey el día anterior, o siendo Veracruz, tal vez eran parte de algún cártel dedicado al secuestro de migrantes, y cuando se escucha la palabra terrorismo se podría sospechar hasta que fueran parte de una misteriosa célula jarocha de Al-Qaeda. Sin embargo no era nada de eso, no, María y Gilberto fueron encarcelados por “tuitear”, por escribir 140 caracteres en su cuenta de Twitter, y otros tantos más en Facebook, con los que advertían del riesgo de que grupos criminales podían atacar escuelas,  lo que derivó en que los padres de familia recogieran  a sus hijos, es decir, difundieron un rumor sobre un una posible amenaza de un acto violento en un país violento, que derivó en una reacción de miedo en un país sumergido en el terror de una guerra absurda.

Ahora, los dos “tuiteros” salieron libres, pero el Congreso de Veracruz aprobó la “Ley Duarte” que tipifica el delito de “perturbación del orden público” para castigar con hasta 4 años de cárcel a todo aquel que “por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”.   El mismo día en que el gobierno de Veracruz logra tener una ley que amordace a los peligrosos terroristas y saboteadores que circulan en las redes sociales de la red, aparecen 35 cuerpos en plena zona turística de Boca del Río.

¿Qué nos dice todo esto? Que el mensaje es “no adviertas a nadie de posibles agresiones o te vas al bote”. Nos muestra la incapacidad e indisposición institucional por proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos.  Veracruz, como el resto del país, está sumergido en el horror de la guerra, no porque no existan otras formas de enfrentar el crimen, sino porque la prioridad gubernamental es llenar de marinos y militares todo el territorio, para aparentar una fuerza que no tienen, y callar cualquier forma de expresión que evidencie que sus acciones no sólo no disminuyen la violencia sino que la incrementan.

El resultado de esto son decenas de cadáveres en las calles veracruzanas, dos personas injustamente encarceladas y una sociedad aterrorizada por la violencia y amordazada por la ley. La realidad es que es tal el deterioro institucional en Veracruz y en México que Twitter se ha vuelto más confiable que la información oficial, que el rumor es más creíble que las instituciones y que la indefensión es tal que una advertencia, sin que necesariamente tenga mayor sustento, es suficiente para desatar reacciones de emergencia y pánico en la población.  En México, con la guerra que promueven, los gobiernos han perdido toda capacidad por asegurar el derecho humano que permite que se ejerzan todos los demás derechos, el derecho a la vida.

Desde los ojos del poder la vida no importa, lo que importa es el silencio.