Roberto Alonso*

En un estado con actos de violencia crecientes y atroces, la reforma al Código Penal de Veracruz que introduce el delito de “perturbación del orden público” no puede entenderse sino como una acción desesperada para inhibir la libertad de expresión, especialmente aquella que se ejerce en las redes sociales como Facebook y Twitter, plataformas a las que acuden los ciudadanos que desean informarse e incluso protegerse ante el ambiente de desinformación prevaleciente.

A manera de ilustración y de acuerdo con un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) sobre redes sociales, 9 de cada 10 usuarios utilizan éstas para comunicarse con familiares y amigos, en tanto que 46% de los internautas las aprovechan para dar seguimiento a las últimas noticias y emitir opinión en torno a ellas.

Tras la abusiva acusación en contra de María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) por terrorismo equiparado y sabotaje, luego de la difusión de información falsa sobre ataques del crimen organizado en escuelas que derivó en un estado focalizado de alarma, el gobernador Javier Duarte presentó al Congreso local una reforma para añadir al Código Penal el tipo delictivo “perturbación del orden público” en el artículo 373 del título XXII relativo a los delitos contra la seguridad pública.

En efecto, tal y como lo establece el artículo sexto constitucional, la perturbación del orden público es uno de los límites de la libertad de expresión, que como todo derecho, no es absoluta. Sin embargo, prescindiendo de la posibilidad de regular este límite mediante una sanción administrativa, el gobierno veracruzano fundamenta su actuación en una riesgosa exposición de motivos, digna de modelos autoritarios de ejercicio del poder que restringen las libertades en el ánimo de intentar garantizar un orden ya perturbado.

El mismo concepto de orden público, según consta en la opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), “reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto.”

La exposición de motivos de la inmediatamente bautizada en Twitter como #LeyJavierDuarte y #LeyDuarte, en cambio, dice que las “difíciles circunstancias por las que atraviesa el país han hecho surgir nuevas conductas antisociales que aun en el caso de que sea posible encuadrarlas en tipos delictivos existentes, presentan particularidades que hacen necesario redefinir la redacción de la descripción típica de los delitos que pueden cometerse, y adecuar las penalidades a la naturaleza específica de la conducta que genera un daño social.”

Si bien es esta la base argumentativa que le permitió al gobierno estatal actuar con “benevolencia” y proponer a los legisladores la introducción de una nueva figura delictiva con rangos de penalidad menores -de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario, en contraste con el castigo de tres a treinta años de prisión correspondiente a los actos de terrorismo-, resulta desmedido que la iniciativa califique como “conductas antisociales” que requieren de nuevas penalidades las que se desprenden del uso legítimo de las redes sociales o de cualquier otro medio.

Aprobada con 33 votos a favor de 28 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuatro diputados del Partido Nueva Alianza (PANAL) y una diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Ley Duarte podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad si así lo decide la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o incluso la Procuraduría General de la República (PGR). Su decisión es esencial no sólo para pasarla por el tamiz constitucional, sino para impedir que acciones semejantes sean emprendidas en otros estados como Coahuila e Hidalgo, casualmente gobernados por el PRI, que amenazan con proceder en el mismo sentido.

La liberación de los tuiteros, al desistirse la autoridad judicial de la acción penal, debe considerarse una victoria de la presión ejercida tanto en las redes sociales como de manera institucional y profesional. El legado que trajo consigo este suceso, no obstante, debe ser corregido para bloquear tentaciones autoritarias en medio de un ambiente de inseguridad y violencia en el que la falta de información veraz y oportuna favorece la circulación de informaciones exactas e inexactas en los medios no convencionales.

En lugar de promover este tipo de iniciativas, el gobernador Javier Duarte debería atender la raíz de la espiral de violencia que padece Veracruz. En la perturbación del orden público su gobierno también tiene responsabilidad y debe asumirla. No vaya a ser que la Ley Duarte quede como prueba de lo que es capaz un gobierno cuando deja constancia de su propia incapacidad.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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