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México, DF. Amnistía Internacional (AI) lamentó la «inacción del gobierno mexicano para dotar a las personas que viven en situación de pobreza de mecanismos para hacer exigibles sus derechos».

En un comunicado, expresó que los retos del país en materia de lucha contra la pobreza «son mucho más profundos y van más allá del logro aparente de algunos indicadores de desarrollo», en referencia al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

AI recordó que hay más de 52 millones de personas viviendo en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y la cifra muestra «lo crítico de la situación a la que cada día tienen que enfrentarse millones de personas, cuyos derechos económicos, sociales y culturales son violados».

Además, que «el rezago en el respeto a los derechos económicos sociales y culturales, se concentra en grupos de población que no tienen acceso adecuado a los poderes públicos para exigir el respeto a esos derechos».

Amnistía Internacional cuestionó que a quienes forman parte de ese grupo «no se les consulta en el diseño de las políticas más adecuadas para luchar contra la pobreza, y tampoco cuentan con mecanismos efectivos para exigir la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos».

Por lo anterior, apuntó que «es necesaria una mayor implicación gubernamental para garantizar el derecho a una vida digna de todos los habitantes de México, con pleno respeto de todos sus derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales».

Instó al gobierno federal a «integrar una perspectiva de derechos humanos en las políticas oficiales de lucha contra la pobreza, contar con la participación efectiva de las personas que viven en situación de pobreza en el diseño y ejecución de las políticas de lucha contra la misma».

Asimismo, «establecer mecanismos que a todos los niveles permitan hacer rendir cuentas por las violaciones de derechos económicos sociales y culturales a los responsables de dichas violaciones».

En este ámbito, urgió al gobierno mexicano a que «cumpla con sus obligaciones» y firme a la brevedad el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un mecanismo de rendición de cuentas ante las Naciones Unidas para los casos de violaciones de derechos económicos sociales y culturales.

El mecanismos fue aprobado hace más de dos años, y ya lo han firmado 8 países de América Latina.

Información tomada de La Jornada.