• Se solidariza con ellos, indicando que “ni la solución está en Puebla, sino que está en México”

Foto: Joel Merino.

Joseline Santos Enríquez

El gobierno del estado no contempla etiquetar una partida presupuestal para resarcir el daño económico de miles de defraudados por cajas de ahorro e instituciones financieras, por tanto canalizará el problema al gobierno y legisladores federales, sentenció el gobernador, Rafael Moreno Valle.

A unas horas de que inicie la marcha encabezada por la Alianza Única de Defraudados de Puebla (AUDP), el Ejecutivo estatal puntualizó que la ley no obliga al estado a erogar una partida especial para los defraudados por Coofía, SITMA, INVERGROUP, INVERBIEN, SYBCE, INCOIN COMSBMRA, INVERCAPITAL, GEICI, BURCAP, entre otras, ya que esa función corresponde al gobierno federal.

Asimismo, recordó que los más de 22 mil afectados poblanos pueden solicitar recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

No obstante, el gobernador manifestó su “solidaridad” a los defraudados, incluso recordó que en breve enviará un exhorto a los diputados federales para que impulsen reformas a la ley con el propósito de garantizar un reembolso del 100 por ciento, o en su caso, instruyan la creación de una partida especial a favor de los denunciantes.

“Hay que reconocer que no es un asunto, ni la solución está en Puebla, sino que está en México y es lo que se está tratando de plantear, pero evidentemente los tres Poderes de Puebla estamos solidarizándonos con los ahorradores (…) queremos que ellos entiendan la realidad legal, los impedimentos jurídicos -del gobierno del estado-”, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla.

Cabe recordar que los acreedores al fondo federal serán sólo los que depositaron menos de 167 mil pesos.

Durante la administración marinista, el gobierno federal se comprometió a aportar el 50 por ciento del monto total, a fin de que el estado erogara un 20 por ciento; pese a ello, los afectados rechazaron la oferta, ya que algunos no podían acceder al apoyo económico.

Según informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), más de 200 sociedades de inversión o ahorro operan fuera de la ley en los estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

En el mismo reporte se establece que sólo 1 de 4 afectados es apoyado por el Fipago, es decir, sólo 160 mil ahorradores. El Fipago y los estados de todo el país han presupuestado más de 4 mil millones de pesos para apoyar al sector.

En 2009, el boletín emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), informaba que recibió 9 mil 725 denuncias de afectados por Coofia, Sitma, Invergrup y Grupo Bienestar Social La Paz. Hasta entonces, el monto del fraude ascendía a los mil 326 millones 207 mil 326 pesos.

Promesas de campaña

Cabe recordar que mientras Rafael Moreno Valle realizaba giras por diferentes municipios del estado en su precampaña , como el caso de Xochitlán de Vicente Suárez en abril de 2010, criticaba al gobierno de Mario Marín Torres por el retraso en los pagos del gobierno a los defraudados de Financiera Coofia.

En aquel evento el aún candidato a la gubernatura por la coalición “Compromiso por Puebla” prometía que de llegar a la gubernatura atendería de manera inmediata el pago a los defraudados.

Asimismo, el pasado 4 de julio La Jornada de Oriente informaba que la Asociación Única de Defraudados de las inmobiliarias Sitma, Invergroup e Inverbien, anunciaban la realización de una serie de marchas y plantones en los municipios de Puebla, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, como presión al gobierno morenovallista por las promesas que en su campaña había hecho, en las que el mandatario aseguró que en caso de ganar la contienda electoral, el problema de los defraudados se resolvería con prontitud.