Roberto Alonso*

Muchos son los problemas y desafíos que están en puerta para salir de la parálisis que atraviesa al país y que contribuye a la reproducción de un círculo vicioso que pareciera partir de un acuerdo implícito para no avanzar e interrumpir el afianzamiento del régimen democrático.

La falta de acuerdos en el Congreso de la Unión y el distanciamiento entre ciudadanos y gobernantes que trae consigo el impasse legislativo, no obstante, han sido aprovechados por poderes salvajes de distinta naturaleza que han capturado instituciones del Estado y espacios de participación política, con lo que la representación popular se ciñe a la defensa de intereses particulares que las más de las veces son contradictorios con el interés general. Estos poderes salvajes, también conocidos como poderes fácticos, representan un grave problema no sólo por la influencia efectiva que tienen en sus ámbitos de accion, sino porque, a raíz de ella, logran colocarse por encima de los poderes del Estado en perjuicio de la voluntad popular.

Ante este panorama y considerando particularmente la falta de credibilidad en el sistema político, así como la crisis de legitimidad que lo acompaña, es que cobra sentido la necesidad de inaugurar nuevos mecanismos de participación ciudadana tales como la consulta popular, las iniciativas ciudadanas, las candidaturas independientes y la reelección legislativa.

Este último mecanismo en específico y como señala Denise Dresser, tiene una carga simbólica negativa toda vez que culturalmente se ha creído que la reelección es dañina y, por ende, es objeto de resistencias y recelos. Sin embargo, vista en positivo puede convertirse en un mecanismo de rendición de cuentas con el cual los ciudadanos pueden premiar o castigar el desempeño de sus representantes y obligarlos incluso a profesionalizarse mediante dichos incentivos. Se trata, así, de una herramienta de control sobre legisladores que, con o sin reelección, gozan actualmente de la posibilidad de saltar de una cámara a otra sin mayor dificultad.

Por lo que hace a otros instrumentos de la democracia participativa y que forman parte de la discusión en torno a la reforma política, es importante advertir que si bien constituyen una ventana de oportunidad para la participación política independiente, en un sistema capturado por poderes fácticos como los sindicatos y las televisoras, esta apertura puede resultar adversa.

Desde esta perspectiva es que resulta de gran importancia el binomio de exigencia planteado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: democracia y medios de comunicación. El gozne no es menor pues sin una puesta al día del marco legal de los segundos, la reforma política quedaría trunca, abriéndose el sistema político de manera formal para quienes ya se han apoderado de él. “No sólo basta promover una reforma política con enfoque ciudadano, se requiere que simultáneamente se avance en los pendientes sobre democratización de los medios de comunicación”, escribió Emilio Álvarez Icaza al englobar los ejes temáticos de la agenda entre este movimiento y los legisladores.

Con un avance legislativo menor al de la reforma política pero con una propuesta presentada en ambas cámaras federales, la reforma pendiente de los medios de comunicación debe seguir siendo un asunto nuclear entre quienes han asumido que la reconstrucción del país y la edificación de la paz supera el ámbito de la seguridad y obedece a un marco mayor de respetabilidad y exigibilidad de los derechos fundamentales en otros rubros.

Como ocurre cada vez que el tema de la democratización de los medios de comunicación se coloca en la agenda pública, las voces a favor de mantener el estado actual de cosas  tardan poco en descalificar este pendiente legislativo y arrojarse al vacío enrolladas en la bandera de la libertad de expresión con actitud de víctimas.

Numerosas voces externas, entre ellas las de los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son contundentes a la hora de concluir que la alta concentración en la propiedad y el control de los medios electrónicos de comunicación pone en riesgo la diversidad y el pluralismo en el debate democrático. Por tanto la prueba de fuego es sencilla.

¿Quiénes se oponen a una mayor pluralidad en los medios? ¿A quiénes perjudica el fortalecimiento de un sistema de medios públicos? ¿Quiénes pierden con una mayor autonomía del órgano regulador en materia de telecomunicaciones? ¿A quiénes daña el reconocimiento de otras formas de comunicación como las radios comunitarias? ¿Quiénes salen damnificados con la reglamentación del derecho de réplica? ¿A quiénes molesta el cumplimiento de la ley?

En las respuestas podrían estar los grandes beneficiados de una reforma política necesaria pero insuficiente a la vez y quizá contraproducente. Mejor preverlo.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del Consejo Consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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