Marcos Nucamendi

Buenos Aires, Argentina, 7 de junio de 2011. “¡Yo soy el responsable de la muerte de mi hijo! Señor Gobernador, ¡aquí está uno de los responsables que está buscando! ¡Venga por mí!…” vociferaba de indignación Roberto Zabala Trujillo, uno de los tantos deudos de la trágica muerte de 49 niños y niñas en la Guardería ABC en Junio de 2009. Tras el fallo final de la Suprema Corte de “Justicia” de la Nación (SCJN), los deudos y heridos de forma permanente acudían a uno de los casos más ominosos del que se tenga memoria, sabiendo lo corta que esta puede llegar a ser.

Dicen los que saben, o por lo menos los ministros encargados de liberar de toda culpabilidad a Daniel Karam, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); a Juan Molinar Horcasitas, ex director de aquel instituto; a Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora; así como a los otros 11 funcionarios señalados en el informe del ministro Arturo Zaldívar –sin contar a los particulares que por no ser funcionarios públicos no pudieron ser sujetos de señalamiento-, que la tragedia nuevamente los superó. Como pasó con el caso Oaxaca en 2006, la Suprema Corte se autolimitó en sus funciones aun cuando el artículo 97 Constitucional le otorga las facultades correspondientes.

Dicen los que saben, o por lo menos los ministros afectos a la impunidad recurrente, que si bien puede interpretarse de la Constitución una violación flagrante a los derechos fundamentales, no hay razón para dar nombre y apellido a esas violaciones; los señalamientos entonces, son innecesarios. Si no pueden declararse culpables, ¿Para qué está facultada la Corte en reconocer que hubo violación de derechos? Ello carece de toda lógica funcional. Si ellos no son los culpables, ¿Quiénes lo son? ¿El trabajador afiliado al seguro social que debe dejar a su hijo en manos de privados subrogados por el Estado que se dice incapaz, o el funcionario que buscando reducir costos hizo de una bodega una guardería sin los mínimos requerimientos para funcionar? El fallo final de la corte ciudadana que llevó a cabo un juicio oral en el zócalo de la Ciudad de México, es que ambos son culpables: uno por consolidar la impunidad en el momento de la decisión, y el otro por su pasividad antes del siniestro.

“La muerte de una niña, de un niño, siempre es desproporcionada. Llega atropellando y destruyendo todo lo cercano. Pero cuando esa muerte es sembrada y cultivada por la negligencia y la irresponsabilidad de gobiernos que han convertido la ineptitud en negocio, algo muy profundo se sacude en el corazón colectivo que abajo hace andar la pesada rueda de la historia.” Firmada por el Subcomandante Insurgente Marcos, este extracto de la carta de solidaridad y admiración al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, reafirma un hecho innegable: más allá de la empatía que uno pueda sentir porque la tradición dicta que un padre o una madre nunca debe velar y enterrar a sus hijos e hijas, el caso ABC demuestra nuevamente la incesante labor que el aparato estatal hace para vilipendiar a sus nacionales, pero al mismo tiempo da sacude y da oportunidad al corazón colectivo para movilizarse.

Invadido por la sutileza, uno puede decir que el Estado falló en la previsión y sucedió el siniestro. Pero una vez acaecido, que no se aplique el peso de la Ley con todo rigor y con toda ansia de “reparar” una tragedia y castigar a quienes la propiciaron por hacer de la seguridad un negocio, sólo demuestra la inutilidad del Estado en esta materia.

Un millón 400 mil pesos para los deudos, 750 mil pesos y una pensión vitalicia de 1500 pesos para los lesionados permanentes fue para el Estado la reparación de una tragedia.  El cese por decisión interna –y no por el fallo de la Corte-, de algunos funcionarios menores fue para el Estado, el justo castigo a “todos” los responsables. Si ya se hizo “justicia”, ¿Cuáles son entonces las exigencias que a dos años del evento mencionado, claman los padres, madres y organizaciones que ahora los acompañan? Afortunadamente, como no ha sucedido con otras tragedias iniciadas, validadas y continuadas por el Estado, el Movimiento 5 de Junio se consolida sin olvidar la impunidad y con propuestas claras.

Es lamentable que tengan que ocurrir estos hechos para que la acción comience, pero lo cierto es que las mayores luchas sociales parten del horror. Así pasó con el movimiento iniciado por Javier Sicilia tras la muerte de su hijo, que se sumó a las más de 40 mil vidas cobradas por la guerra contra el narcotráfico.

A propósito de Sicilia, creo que la lucha social dista mucho de ser como en un principio declaraba cuando decía que el mundo ha perdido la palabra. Al contrario, creo que la palabra, aunque sea partiendo del horror, debe salir y hacerse extensa, masiva. No perderse en los anaqueles, sino conformar el imaginario colectivo. Cada sexenio tiene sus deudos, sus “daños colaterales”, sus “muertos incómodos”, sus desaparecidos, unos más públicos que otros y algunos rápidamente dejados en la desmemoria. Sin embargo, deben seguir siendo parte de esos muertos que cada uno debiese traer consigo, inscritos en cada plaza pública, en cada calle, en cada baldosa, en cada foro, en cada tribunal y al lado nuestro. Debe permanecer en cada momento de exigir justicia, sea desde México o desde nuestro exilio voluntario.