• Desde 2004 y hasta ayer, una muralla de piedra y cemento levantada ilegalmente sobre la vía pública por un grupo de vecinos de una zona residencial se erigía como monumento a la incapacidad de las autoridades por hacer valer la ley. Siete años, tres presidentes municipales, dos quejas ante Derechos Humanos, y varias órdenes de demolición dictadas por un juez forman parte del expediente legal de un caso que volvería loco al propio Kafka

Foto: Especial.

Mely Arellano

@melyarel

Imagine que un día sale de su casa sólo para descubrir que en el tranquilo fraccionamiento donde vive, ése con amplias áreas verdes y donde “se respira el mejor aire de la ciudad”, alguien ha puesto una reja convirtiendo su calle en una cerrada y dejándole, por lo tanto, una sola vía de salida. Su primer impulso sería seguramente preguntar a su vecino de enfrente, quien también se ha visto afectado.

Su vecino sabe lo mismo que usted: nada. Imagine la sorpresa de ambos, los minutos de silencio parados frente a la reja, mientras hacen suposiciones sobre su aparición.

La respuesta llegaría tarde o temprano: hubo un acuerdo entre unas 45 familias para poner la reja como medida de seguridad. Un acuerdo sobre el que a usted nadie le preguntó. Tampoco a su desconcertado vecino. ¿Le parecería una arbitrariedad? Digamos que sí.

Figúrese entonces que usted decide pedir que retiren la reja. Sin cuestionar las razones por las que la pusieron, considera que si quieren ponerla, deben hacerlo en otro lado, sin afectar la entrada de su calle, y así lo plantea. Sus “considerados vecinos” —supongamos— se negarían. Es más: de inmediato cerrarían cualquier posibilidad de negociación.

Ahora viene el quid del asunto: imagine que decide acudir a las autoridades. De entrada, es previsible que iría confiado en su capacidad para mediar en un conflicto de este tipo, sobre todo —pensaría— porque se trata de de un espacio público.

Haga de cuenta que algunos meses después, y luego de haber tenido que contratar —y pagar— un abogado para resolver el asunto, su queja en el ayuntamiento encuentra respuesta y la reja es retirada. En este punto, y pese al tiempo invertido, es previsible que usted sintiera cierto orgullo por la actitud del municipio. Una sonrisa se dibujaría en su rostro al salir de su casa y ver, nuevamente, el otro lado de la calle con tránsito libre.

Usted no lo sabe, pero puede que quizá sea demasiado pronto para cantar victoria.

Imagine que no han pasado ni dos meses y sus vecinos —quienes han decidido hacer uso de todos los medios a su alcance para cerrar la calle— reciben un permiso del ayuntamiento para instalar nuevamente la reja.

Foto: Especial.

Imagine que la guerra entre vecinos se desata. Que los abogados de ambos bandos se enfrascan en un pleito legal hasta que las autoridades ordenan quitar la segunda reja.

Para ese momento es posible que piense que finalmente la justicia se ha impuesto. Usted ha actuado como buen ciudadano. Ha acudido a las instancias correspondientes y ha obtenido respuesta. Eso sí: usted está solo. Su vecino, el otro afectado, ha cedido, luego de algunas amenazas. Es un hombre mayor, es comprensible. Imagine lo bien que se siente por usted mismo y por él.

Ahora imagine que ha pasado más de un año y justo cuando está a punto de archivar el asunto en el olvido, un día sale de su casa y al final de la calle descubre una muralla de piedras, de unos dos metros de alto, rematada con una malla ciclónica de púas.

El vía crucis para lograr su demolición incluye haber acudido a las siguientes instancias: Ayuntamiento, Contraloría (para quejarse por la omisión de los funcionarios del Ayuntamiento), Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos (para quejarse por la omisión de los funcionarios de la Comisión Estatal), Congreso del Estado (para quejarse por la omisión del propio Ayuntamiento), además de continuar un juicio administrativo hasta —¿exageremos?— obtener el fallo a favor de un Tribunal Colegiado.

A siete años de aquella primera reja, dos años y nueve meses después de la “construcción” de la muralla, dos administraciones municipales completitas y 233 hojas de expediente; usted sólo imagine…

Si esta historia le parece —literalmente— inimaginable, debería escucharla en voz del doctor Jorge Espinosa Ávila. O lea con detalle la historia descrita a continuación.

Cronología kafkiana de un muro

Todos los muros levantados por el hombre terminan adquiriendo un significado mucho más amplio que el de su origen práctico: dividir o aislar. Cientos de historias se tejen alrededor de ellos, las hay felices y trágicas, simples y complicadas, corta y largas. La que exponemos a continuación aún no tiene final, pero hasta ahora no ha sido simple, ni corta.

Inició en agosto del 2004, cuando “apareció” una reja en la intersección de las calles Encinos y Zodiaco en La Calera, dividiendo así los fraccionamientos El Mirador y Bosques de La Calera, que hasta entonces estaban unidos por un circuito. Dos fueron los afectados directamente: el psiquiatra Jorge Espinosa Ávila y el ingeniero Ismael Ortiz, cuyas propiedades se ubican en la calle Encinos.

La reja de ocho metros lineales (el ancho de la calle) se mandó a colocar –dicen– por razones de seguridad, a partir del consenso de 45 familias avencindadas en Bosques de La Calera, aunque sin previo aviso a sus vecinos de El Mirador.

Levantar un muro o colocar una reja no es una conducta inédita; en varias colonias de la ciudad es común ver rejas que “privatizan” las calles.

En la ciudad de Tijuana la conformación de “islas urbanas” delimitadas por muros, alambradas, rejas o bardas que han proliferado a lo largo de los últimos años, es un claro ejemplo de cómo los niveles de inseguridad incentivan la privatización del espacio público, incluso por encima de la ley.

Pero Puebla no es Tijuana. Y el fraccionamiento La Calera no es en modo alguno un campo de guerra.

De hecho, en el 2006 fue considerada una de las cinco colonias con menor índice de delitos en Puebla, situación que de acuerdo con las autoridades municipales es todavía vigente.

Aun así, algunos vecinos de esta colonia colocaron una reja sin autorización de las autoridades municipales.

Pronto vinieron los reclamos, las acusaciones mutuas y los desacuerdos.

Foto: Mely Arellano.

Cuatro meses después, tras varios intentos fallidos de diálogo, Jorge Espinosa Ávila denunció el hecho ante el ayuntamiento, entonces encabezado por el alcalde Luis Paredes.

En abril del 2005, ocho meses después de su colocación, la reja fue retirada por las autoridades.

La respuesta no se hizo esperar.

Unas semanas más tarde, por razones desconocidas, el ayuntamiento se echó para atrás y le concedió permiso al representante legal de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Bosques de La Calera, el exdiputado local Óscar Roberto Hidalgo Villafañe, para poner nuevamente la reja bajo ciertas condiciones, como mantenerla abierta de seis de la mañana a nueve de la noche y garantizar que después de esa hora hubiera personal que permitiera el paso controlado a vecinos y visitantes. Ante el incumplimiento de las mismas, la Sindicatura ordenó nuevamente el retiro de la reja en mayo del 2006.

Para esas fechas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había emitido una recomendación al entonces presidente municipal, Enrique Doger Guerrero, al considerar que con la reja se impedía el libre tránsito en una vialidad pública en agravio de los derechos de los afectados.

Entre agosto del 2006 y febrero del 2007 fue confirmada la resolución de la Sindicatura en juicio de amparo, así como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, lo que derivó en una orden para que la reja fuera retirada de nueva cuenta.

Uno pensaría que frente a la determinación legal, el tema estaba cerrado. Pero no.

En junio del 2008, en lugar de reja “apareció” una montonera de piedras a la que se le vació cemento con una mezcladora, de modo que se formó una muralla irregular de poco menos de dos metros de altura y cuya cima fue rematada con malla ciclónica con púas.

Hace casi doscientos años, cuando Karl von Clausewitz afirmó que la guerra era la continuidad de la política por otros medios, nunca imaginó que sus palabras serían tomadas al pie de la letra por los vecinos de una zona residencial acomodada de la provincia de México.

[quote_box_left]Después de una mala praxis de la juez del Cuarto Distrito en Materia Administrativa y un fallo a favor del Tribunal Colegiado emitido el pasado 10 de marzo, se lanzó una orden —aparentemente— definitiva: el “muro de La Calera” debía ser demolido.[/quote_box_left]

Y es que para efectos prácticos, los vecinos impusieron su ley. Se rebelaron.

En marzo del 2010 se emitió una orden de demolición que no pudo cumplirse debido a que los residentes de Bosques de La Calera entraron por la colonia El Mirador para impedir con sus autos el paso del traxcavo.

Ante la cerrazón de los involucrados, entraron al quite los abogados.

En este punto el proceso legal comenzó a complicarse por una serie de subterfugios legales (exquisiteces lingüísticas y semánticas) sobre si la zona de La Calera estaba o no municipalizada y, por lo tanto, si era responsabilidad o no del gobierno municipal —encabezado en ese entonces por Blanca Alcalá Ruiz— legislar en torno a la presunta ilegalidad del muro.

En el proceso, la presidenta municipal poblana salió raspada, ya que se interpuso un juicio de responsabilidades por omisión en su contra, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debido a la inacción de la dependencia llegó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El tiempo pasó y el muro se mantuvo firme.

Siete años después…

Y así llegamos hasta 2011.

Primer intento

Después de una mala praxis de la juez del Cuarto Distrito en Materia Administrativa y un fallo a favor del Tribunal Colegiado emitido el pasado 10 de marzo, se lanzó una orden —aparentemente— definitiva: el “muro de La Calera” debía ser demolido.

El nuevo gobierno municipal encabezado por Eduardo Rivera fue enterado del fallo y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras del ayuntamiento, Luciano Osorio, tuvo que estudiar el grueso expediente.

La mañana del 16 de abril pintaba bien. Presionadas por una recomendación emitida por la CEDH, autoridades municipales, custodiadas por policías, llegaron con traxcavos y camiones hasta el final de la calle Encinos y comenzaron a tirar el muro.

El ruido fue la alerta de los vecinos, quienes de inmediato se presentaron en el lugar para tratar de impedir la acción judicial. Para el doctor Espinosa no fue una escena nueva, ya antes había soportado las amenazas de algunos de ellos, lo que no se esperaba, ni él ni nadie, fue que una señora pidiera hablar con él: “¿Quién es el señor, quién es, quiero saber para hablarle a mi yerno, el señor gobernador?”.

Con todo y oposición, el muro fue derribado. De poco sirvió. Al otro día, sin que nadie viera nada, un camión lleno de enormes piedras depositó ahí su carga. Un nuevo muro volvió a cerrar la calle.

¿El final?

El pasado 17 de agosto, un juez federal ordenó el retiro de las piedras con auxilio de la fuerza pública y apercibimiento superior jerárquico, so pena de destitución de cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consignación por desacato.

A las 10 de la mañana de este miércoles 24 dos traxcavos volvieron a abrir el paso en la intersección entre Encinos y Zodiaco. Ningún vecino se presentó en el lugar. Y, hasta el cierre de esta edición, ninguna otra piedra obstaculizó la calle.

Siete años, casi 300 hojas de expediente, cinco órdenes de demolición, innumerables connatos de broncas y amenazas después, la muralla de piedra fue destruida.