Si usted es periodista, se dedica a la comunicación de masas o pertenece a la República Mediática de Puebla, váyase con cuidado, mucho cuidado, a partir de hoy.

Y es que así como el 007 tenía licencia para matar, ya hay aquí quien tiene licencia pero para demandar.

Demandar periodistas.

La pequeña gran diferencia entre el caso del famoso agente secreto británico y el que nos ocupa, es que el primero forma parte de una mera ficción cinematográfica y el segundo se trata de una historia de la vida real.

Así es.

El pasado lunes 25 de julio, el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicó, y por tanto dio validez jurídica, a un acuerdo del gobernador Rafael Moreno Valle por medio del cual la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Puebla se transforma en “Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla”.

La modificación no tendría mayor trascendencia ni sustancia si no se detuviera uno en los considerandos y detalles del citado acuerdo.

Y es que, de paso, en dicho acuerdo se faculta al titular de la mencionada dirección general para llevar al terreno de los hechos las recientes -y polémicas- reformas al Código Civil de Puebla en materia de difamación y calumnia.

Esto es: se dota a Sergio Ramírez Robles de personalidad jurídica (o de dientes) para proceder en términos legales en contra de todo aquel periodista o comunicador que, en su opinión o perspectiva, incurra en daño moral en agravio del gobernador o cualquier otro funcionario del gobierno del estado, con el fin de lograr la reparación del daño correspondiente.

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