• Todas las personas de la comunidad LGBTTTI han sufrido estigma, discriminación y violencia: Orgullo Puebla

• Prepara el Congreso ley estatal para prevenir la Discriminación; podría impulsarse en el 2012, adelanta Josefina Buxadé

• El panista Rafael Von Raesfeld reconoce la necesidad de atender el tema, aunque no está previsto en la agenda legislativa

Joseline Santos Enríquez / Mely Arellano Ayala

Respecto de los crímenes de odio que se han cometido en el estado de 2005 a la fecha, Onán Vázquez, de la asociación Orgullo Puebla, lamentó la impunidad que prevalece y reconoció la labor de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), que ha llevado una documentación muy acuciosa al respecto, y es quien más ha insistido en la necesidad de tipificar los crímenes de odio.

La CCCCOH considera que la tipificación obligaría a las autoridades del ministerio público a no descartar la homofobia como un móvil de asesinos de disidentes sexuales; “de otro modo –ha dicho Enrique Adar Guadarrama Zea, de Diversum, México- creemos que mientras no se tipifique este tipo de conductas continuaremos con declaraciones desafortunadas y prejuiciadas por parte de las autoridades quienes califican cualquier homicidio de algún disidente sexual como crímenes pasionales, aun cuando las víctimas son ultimadas con lujo de saña y violencia extrema”.

En ese sentido, es prudente recordar que, de acuerdo con las consignaciones de los medios de comunicación, el procurador General de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, negó que el asesinato de una persona trans, cometido a finales de abril de este año (Bárbara Lezama), haya sido motivado por homofobia, pese a la brutalidad con que se realizó.

A esta situación, dice Onán, se suma la discriminación a la que la comunidad LGBTTTI está expuesta.

Un diagnóstico comunitario participativo realizado por Orgullo Puebla -con apoyo de la fundación Levi’s- sobre estigma, violencia, discrinimación, acceso a los servicios de salud y de justicia, revela que todas las personas de la diversidad han sufrido violencia, estigma, discriminación, no tienen confianza en las autoridades para exigir justicia y muy poca confianza para acceder a los servicios de salud.

Un tema que debe atenderse, pero no es prioridad

Las iniciativas de ley que tipifican crímenes de odio por orientación sexual, o aquellas que previenen y eliminan la discriminación, no fueron prioritarias para diputados poblanos, toda vez que estos tópicos fueron excluidos de la agenda legislativa, aunque en el estado se tiene conocimiento de una decena de homicidios por homofobia.

A consideración del secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rafael Von Raesfeld Porras, es obligación del estado promover respeto y protección de la dignidad de las personas “en todos los sentidos”.

Por tanto, priorizó la creación de iniciativas contra la discriminación y no necesariamente las que tipifican crímenes de odio por homofobia, pero dijo que ambos aspectos deben analizarse.

El panista reconoció la necesidad de atender el tema durante la gestión de la actual legislatura, a pesar que no esté contemplado entre las prioridades de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza y las de su propio partido.

Habrá ley

En el mismo tenor, la vocal de la Comisión mencionada con anterioridad, Josefina Buxadé Castelán, coincidió con su correligionario, opinó que para gravar los homicidios por orientación sexual se requiere un análisis profundo.

Por otro lado refirió que la creación de la Ley contra la Discriminación es factible.

Sobre el particular, reveló que ya trabaja en dicha iniciativa, misma que podría impulsar en 2012, a petición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En 17 entidades federativas se cuenta con leyes contra la discriminación (Enadis 2010); de ellas 15 consideran como discriminación la anulación, exclusión o restricción de derechos basada en la orientación o preferencia sexual e identidad de género. Las leyes estatales rigen en: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Tamaulipas y el Estado de México no hacen explícita la discriminación por esta causa.

El Distrito Federal hizo lo propio hace 5 años, incluso la Asamblea Legislativa estudió el tema por segunda ocasión. Tras los trabajos en la materia, emitió un decreto para derogar la ley de 2006 e implementar una nueva-conformada por 57 artículos- que entró en vigor el 25 de febrero de este año.

En este contexto, Buxadé Castelán indicó que para integrar la iniciativa poblana, los trabajos iniciarían a través del Derecho comparado, es decir, elaborar un diagnóstico de las 17 leyes estatales, así como delimitar competencias respecto a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expedida en 2003.

El artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, establece que “Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación”.

Estos conceptos podrían tomarse en cuenta para la conformación de la ley poblana, en caso que las ONG, expertos y la Comisión de Derechos Humanos, lo consideren necesario, concluyó Josefina Buxadé.