¿Por qué analizar hoy el Sistema de Justicia Penal que se aplicará en 2013? Porque como ciudadanos nos concierne.

En teoría, redundará en un beneficio directo para la sociedad: juicios más cortos. Sin embargo la «planeación» en Puebla fue hecha al revés. Antes de capacitar a jueces y Ministerios Públicos (MP), y preparar la infraestructura para la metamorfosis, el Congreso aprobó –tras sólo cinco días de análisis- el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo.

En lo que ya se ha vuelto una práctica común (recordemos el caso de la Ley de Transparencia, aprobada tan al vapor en 2008 que la CDH promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, y la que será más fácil rehacer que enmendar) la anterior Legislatura dejó esa discusión «pendiente», y lo único –no lo mejor- que hicieron los diputados de la actual, fue retrasar dos años el plazo para implementar la figura de juicios orales.

Sin la capacitación adecuada no habrá garantía de seguridad jurídica. El MP tendrá no sólo la facultad, sino la obligación de hacer las averiguaciones y actuar como abogado defensor; es decir, se le asignan nuevas tareas y se amplía su carga de trabajo, pero no su suelo ni el personal a su cargo. ¿Se podrá entonces, verdaderamente, disminuir los tiempos de los procesos?

Otro problema a enfrentar es el corto presupuesto otorgado al estado para aplicar el nuevo sistema. Se pidieron más de 60 millones de pesos a la Federación; aprobó menos de 20. Y si lo vemos globalmente el pesimismo impone: para tal objetivo, en Chile destinaron 2 mil millones de pesos, en México 443.

Y ahora, literal, ¿quién podrá defendernos?

Ojalá, y lo decimos de corazón, alguien nos diga con todas sus letras que estamos equivocados. Y si no, estamos a tiempo de corregir, hagámoslo.

Gracias

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