• Pagar sus siete guaruras fue un acuerdo que firmó el ex gobernador con Rafael Moreno Valle

• El Issstep niega informar sobre otros beneficios de los que goza MMT, aunque se trata de recursos públicos

• En administraciones anteriores se daba el mismo trato, pero de manera discrecional

Joel Merino.

Ernesto Aroche Aguilar

Con 2 millones 261 mil 686 pesos se pueden comprar seis casas de 60 metros cuadrados y dos recámaras en Los Héroes, 19 autos Tsurus del año. Con esos recursos se podría pagar el salario mínimo de 110 trabajadores en un año, se podrían adquirir 184 canastas alimentarias para mantener durante 12 meses al mismo número de familias, cumplir con el apoyo a 376 inscritos en el programa 70 y más durante el mismo lapso o comprar 554 computadoras Acer Mini, las más baratas del mercado, para los alumnos con los mejores promedios. También se pueden destinar a mantener la seguridad personal, compuesta de siete elementos por turno, del ex gobernador Mario Marín Torres, pues eso es justamente lo que nos cuesta a los ciudadanos el pago de dicha prestación que recibe el priísta gracias a un decreto que él mismo firmó antes de irse.

Un acuerdo que conoció y fue aprobado por Rafael Moreno Valle, en su calidad de gobernador electo, y que le permite a Marín Torres y a sus ex compañeros del gabinete de seguridad ser resguardados día y noche por agentes de seguridad del estado, con  un costo incluso superior al salario anual que devengó el oriundo de Nativitas en su último año de gobierno -prácticamente un millón 900 mil pesos según el tabulador oficial-.

Y aunque, de acuerdo con la respuesta que entregaron a Lado B la Oficina de la Gubernatura y la Secretaría General de Gobierno, sólo el ex mandatario y su entonces secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, solicitaron formalmente ese beneficio, este podría extenderse al ex secretario de Seguridad Pública, Mario Ayón Rodríguez.

Lo que hasta el momento se desconoce es de qué otros beneficios goza el ex gobernador tras su paso por la administración pública, pues el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla (Issstep) clasificó la información como “confidencial”, a pesar de que cualquiera que estos sean (pensiones y prestaciones extras) se estarían pagando con recursos públicos.

Respuesta a solicitud de información.

Siempre se ha dado protección

Fue el 10 de diciembre, luego de un par de meses de negociar con el equipo de transición que comandaba Fernando Manzanilla, cuando Mario Marín Torres firmaba “el acuerdo que establece los lineamientos para la asignación del servicio de seguridad pública para ex servidores públicos del gobierno del estado”.

El documento también sería signado por el secretario de Gobernación, Valentín Meneses; el secretario de Seguridad Pública, Mario Ayón Rodríguez; y el Procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia. Los mismos funcionarios que serían beneficiados con la prestación post gobierno.

Entrevistado al respecto, Meneses Rojas sostuvo que se tomó como modelo un acuerdo similar que se tiene en la ciudad de México, y que se comenzó a trabajar en él entre los meses de octubre y noviembre.

“Se hizo así –explicó– por ellos (la actual administración), querían manejarlo todo con mucha transparencia, no querían repetir lo que pasaba en administraciones anteriores en las que al gobernador se le comisionaba a personal de seguridad de manera discrecional. Trabajamos en ese decreto y lo pusimos a consideración de ambos gobernadores, y estuvieron de acuerdo y de esa forma se suscribió y publicó”.

El documento, publicado en el Periódico Oficial dos días después de la firma, extiende un manto de “protección, seguridad y vigilancia” a ex funcionarios relacionados con el tema de la seguridad, empezando por el gobernador del estado. E incluye al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, subsecretarios, y en su caso, directores generales que hayan desempeñado funciones de supervisión, inspección y asuntos internos; al procurador, los subprocuradores y el director general de la policía ministerial, “siempre y cuando se hayan desempeñado en el cargo como mínimo un año”.

Y aunque el catálogo de beneficiarios es amplio sólo dos ex funcionarios presentaron su solicitud para recibir la protección señalada: Valentín Jorge Meneses Rojas y Mario P. Marín Torres, aunque a decir de quien fuera también ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el beneficio se extendió a Mario Ayón.

“Tengo entendido que el general Ayón también solicitó, pero como ya tiene nuevo cargo en el estado de Morelos ya quedará sin efecto la petición, no tengo conocimiento de lo que pasó con el procurador, no he platicado con el maestro Igor Archundia sobre el tema”.

Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que establece los Lineamientos para la Asignación del Servicio de Seguridad Personal para Ex Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Puebla.

Marín y sus siete hombres

Fue Valentín Meneses quién disipó la duda que el gobierno estatal no quiso hacer público: son siete los guardias de seguridad en turnos de 24 horas que tiene asignados el ex mandatario, y los tendrá al menos por cuatro años, pues podría extenderse el plazo si así lo desea.

“En mi caso sólo tengo tres elementos que son de la policía auxiliar que normalmente me acompañaban manejando y en mi domicilio”.

La administración morenovallista, en cambio, prefirió no entrar en detalles sobre el número de guardias y los vehículos que tienen asignados, y no fue sino tras una larga cadena de solicitudes –con plazos extendidos cada una de ellas hasta completar los 30 días por solicitud— que finalmente dio a conocer el costo parcial de dicha prestación: 2 millones 261 mil 686 pesos anuales por el pago de salarios, incluyendo todas las prestaciones a las que tienen derechos los trabajadores de confianza al servicio del Gobierno del estado.

Y se trata de una respuesta parcial, porque sólo se informó sobre el costo de la seguridad de Marín, de Valentín Meneses o de Mario Ayón o de cualquier otro beneficiario nada se dijo.

La respuesta a la solicitud planteada sólo fue emitida por la PGJ, la Secretaría de Seguridad Pública, responsable también de dicha prestación prefirió clasificar la información como “reservada” para evadir su obligación de transparentarla.

Medida precautoria

Cuestionado sobre la necesidad de dicha protección si durante el sexenio pasado siempre se presumió como un logro la seguridad que priva en el estado, Meneses Rojas sostuvo que es una medida precautoria por el cargo, las responsabilidades y las decisiones que tuvieron que tomar en su paso por la administración pública y porque en ocasiones “sucede que a veces por diversos compromisos que tiene el ex gobernador debe trasladarse a la ciudad de México, y a otros lados”.

Armados y equipados

A los integrantes de la escolta a que se refiere el presente acuerdo, se les proporcionará:

* Identificación oficial de la institución o corporación a que pertenezcan.

* Arma de fuego debidamente registrada conforme a la licencia colectiva de la institución o corporación a la que provengan

*Vehículos adecuados para las funciones a desempeñar, cuyo mantenimiento, conservación y habilitación periódica, así como los gastos de combustible o reparación correrán a cargo de la institución de seguridad pública o procuración de justicia de la que provengan.

*Los miembros de la escolta, durante el tiempo que desarrollen las funciones a que se refiere el presente acuerdo tendrán y conservarán los salarios, prestaciones y estímulos o cualquier otro emolumento de carácter económico que conforme sus ingreso reales.