• Queda como monto máximo de la sanción por “daño moral”: 170 mil 100 pesos

Contraparteinformativa.

Ernesto Aroche

En medio de un vendaval mediático, opiniones a favor y en contra, debates de muy diferentes alturas en las redes sociales y hasta la creación de un estridente hashtag: “#rafamordaza”, el congreso del estado aprobó con 40 votos a favor y una abstención la despenalización de los delitos de difamación y calumnia.

Y en esa aprobación los diputados limaron algunas de las aristas que traía consigo la propuesta que presentó desde el 1 de febrero al Congreso del estado, el gobernador Rafael Moreno Valle, como responsabilizar a la persona y no al medio de la obligación del derecho de réplica o establecer la afectación a los sentimientos como una de las causales de “daño moral”, figura que englobará a partir de hoy los llamados delitos de prensa.

Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo –170 mil 100 pesos de acuerdo al tabulador 2011 para la zona C–.

Estableciendo también un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor a seis meses una ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida, vida privada y propia imagen.

Ruido en las redes sociales

El debate por la reforma que durante la semana pasada se inició en la academia a través de pronunciamientos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla y el director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas (UDLA) Puebla, Ernesto Villanueva Villanueva, llegó a finales de la semana a las redes sociales cuando algunos directores de medios convocaron a reporteros y trabajadores de medios a protestar.

Se comenzó también a gestar un pronunciamiento que sería firmado lo mismo por reporteros, que grupos editoriales y columnistas de clara cercanía con el marinismo como el periódico Intolerancia, el ruido había llegado a las redes sociales a través de hashtag (palabra clave) #rafamordaza, pidiendo se detuviera la aprobación de este martes y se abriera la discusión a los representantes de los medios de comunicación.

El ruido mediático y las críticas lanzadas por reporteros y columnistas cuestionaban la ambigüedad de la redacción inicial, y la poca información que fluyó desde el legislativo sobre los cambios al texto de origen permitieron que el diputado priísta Enrique Doger Guerrero convocara a columnistas y directores de medios a una conversación abierta.

Aunque el resultado de dicho encuentro apenas tuvo impacto, la petición de retrasar la discusión en el pleno hasta el segundo periodo de sesiones y permitir una contrapropuesta, que puso sobre la mesa el jefe de información del diario La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García, fue ignorada.

Y así llegó al Congreso la mañana de ayer para ser votada, con algunas modificaciones, entre ellas el compromiso de discutir posteriormente una ley de la personalidad, y dejar al medio como responsable del derecho de réplica.

El debate en el pleno

Enrique Doger Guerrero fue el primero en subir a la tribuna una vez que se puso a discusión del pleno del Congreso.

En su discurso insistió en que los legisladores tienen la obligación de analizar en conjunto con sociedad y academia las iniciativas por más polémicas que estas sean.

En su participación, el polémico legislador de Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, sostuvo que la iniciativa morenovallista serviría para frenar cualquier calumnia, para asegurar después que varios columnistas han ocupado a los medios de comunicación como un método de vivir, a fin de obtener beneficios económicos a costa de las figuras públicas.

La respuesta le llegó desde el Partido del Trabajo, el único legislador del partido del trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez, cuestionó al panalista al criticar la falta de identidad política del ex priísta y ex convergente.

José Juan Espinosa Torres, por su parte, diputado convergente lamentó que los funcionarios tengan miedo a la crítica pública, pues no se trata, dijo, de desaparecer a los medios de comunicación que evidencien las irregularidades de los funcionarios.

La discusión no cambió un ápice lo que ya se esperaba, la iniciativa pasó por mayoría con la abstención del petista.